Con la presencia de la doctora Jacqueline Guerrero, docente de la Universidad de las Américas (UDLA), la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en la sesión 260, prosiguió el trámite del proyecto de reformas a la Ley Notarial.
La catedrática expresó que el numeral 5 del artículo 18 de la propuesta contiene dos temas: la certificación electrónica y la prueba electrónica, los mismos que deberían tratarse de manera separada.
Precisó que la certificación electrónica puede constar en la normativa, pero de forma más detallada y adecuada, mientras lo atinente a la prueba electrónica no tiene sentido ubicarle en el proyecto, más aún cuando hay disposición expresa en la Ley de Comercio Electrónico que faculta a los notarios a emitir certificaciones electrónicas, estableciendo como requisito que tengan firma electrónica y que certifiquen documentos que son originales.
Por tanto, la iniciativa de permitir que se certifiquen documentos electrónicos sin firma electrónica y documentos que no son originales y sin firma, es algo incorrecto, sostuvo, al tiempo de hablar de la necesidad de darle validez jurídica al documento electrónico.
Inquietudes
La parlamentaria Mariangel Muñoz, vicepresidenta de la comisión, dijo que se podría estudiar las legislaciones a nivel regional y recoger las experiencias de otros países en cuanto a la certificación de páginas web y documentos desmaterializados en el ámbito de la sociedad de la información, a fin de que esos conocimientos se puedan armonizar o complementar a las leyes del Ecuador y, de ser el caso, pedir cooperación al respecto.
El legislador Miguel Ángel Moreta comentó que ha recibido denuncias en el sentido que habría una especie de alteración de datos en la página web institucional, es decir, hay alguien que activa el sistema y le hace aparecer a un ciudadano como ingeniero comercial u otra profesión por unos tres días y luego eso desaparece.
Reformas al COIP y Ley de Comunicación
Posteriormente, el organismo legislativo avocó conocimiento de las propuestas de reformas al Código Penal y a la Ley de Comunicación. El proyecto de Cristina Reyes busca definir al abuso de confianza como delito de peculado, con lo cual la pena y sanción serán imprescriptibles, mientras que Soledad Buendía pretende corregir cierta confusión en la aplicación de los artículos 102 y 103 de la normativa de Comunicación, explicó Mauro Andino.
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