En la sesión 266, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado prevé conocer las observaciones presentadas sobre el informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Administrativo. La reunión se efectuará este miércoles 23 de noviembre de 2016, a las 10:00.
Una ley para el ciudadano
El código tiene una visión diferente del derecho administrativo, pues se enfoca desde la centralidad del ciudadano y desde su participación activa frente a la administración pública, considerando que en una democracia avanzada, las personas ya no son sujetos inertes o simples receptores de servicios públicos. Ahora, en un Estado de derechos y justicia, los ciudadanos son actores activos y participativos en la construcción de una nueva administración pública.
En esta línea, la propuesta incluye un catálogo de derechos y deberes de las personas, con la finalidad de buscar la concienciación de que todos somos responsables para conseguir una buena administración pública. En nuestro Estado social de derechos y justicia, la base de los principios es estructurante del respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos.
Desarrolla los principios de la Constitución
El artículo 227 de la Constitución determina que la administración pública es un servicio a la colectividad que está regida por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Tales principios adquieren un valor trascendental en la aplicación de las disposiciones contenidas en el proyecto, pues tienen la calidad de informadores e interpretativos de esta normativa. Además, cumplen dos funciones: limitar la actuación administrativa y asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas.
Relación entre las personas y la administración pública
El código responde a la necesidad de hacer frente a la mal normada actividad de la administración pública, a los límites imprecisos de las competencias de sus organizaciones; se inscribe en el marco del contacto directo entre la ciudadanía y el poder político, cuyo fin es la satisfacción inmediata de los intereses públicos.
Evita la dispersión normativa y los procedimientos administrativos difusos, más aún cuando ha sido una constante en nuestro ordenamiento jurídico que la mayoría de instituciones públicas cuenten con sus propios procedimientos administrativo y sancionador lo que ha creado un caos en la práctica afectando directamente al ciudadano.
Su aprobación supone un hecho histórico en el Ecuador dado que, por primera vez, cuenta con una norma reguladora del procedimiento administrativo, que se aplicará a todos los órganos y entidades del sector público.
MG/pv
