En el marco de las reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria que trabaja la Comisión de Régimen Económico, los parlamentarios determinaron que el Servicio Nacional de Regulación, Fomento y Control de la Economía Popular y Solidaria establecerá las regulaciones apropiadas para promover la equidad y transparencia en los intercambios comerciales entre el sector de la economía popular y solidaria y los demás sectores, principalmente de los productos vinculados a la seguridad y soberanía alimentaria, evitando la persistencia de prácticas de abuso del poder económico.
Señalaron que los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán constituir los espacios públicos necesarios para facilitar las actividades de comercio y prestación de servicios que realizan los trabajadores autónomos y regularán su funcionamiento mediante normativa propia, dicha infraestructura solo podrá ser concesionada a organizaciones de comerciantes y productores.
Determinaron que el Estado podrá delegar también a los actores y organizaciones de la economía popular y solidaria la gestión de los sectores estratégicos y servicios públicos.
Para la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, las empresas públicas municipales podrán propiciar la conformación de organizaciones de la economía popular y solidaria para la gestión delegada de dichos servicios.
Precisaron que las cooperativas y asociaciones de la economía popular y solidaria podrán constituir asociaciones público-privadas con el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno para la provisión de bienes, obras o servicios y tendrán las mismas condiciones, incentivos y demás beneficios previstos en la ley y su reglamento.
También, determinaron que el Servicio Nacional de Compras Públicas mantendrá un registro actualizado de las compras realizadas a la economía popular y solidaria en forma global, por segmentos y circunscripciones y remitirá de forma continua reportes al ente de regulación de la economía popular y solidaria y al ente nacional de control del sector público, para vigilar el cumplimiento de las medidas de incentivo.
En materia de turismo, se prevé que el ente rector de la actividad turística reconocerá y apoyará a las actividades de turismo en la economía popular y solidaria indistintamente de su forma de organización. Desarrollará de manera prioritaria programas de ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, aprovechamiento de la riqueza paisajística y parques naturales, entre otros, en el marco del respeto a los derechos de la naturaleza.
Las organizaciones de turismo de la economía popular y solidaria podrán desenvolverse como operadores turísticos para impulsar el turismo local.
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