La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continuó el estudio y construcción del informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Administrativo. El doctor Gonzalo Muñoz, experto en derecho administrativo, habló de la necesidad de revisar y clarificar la aplicación de la figura del silencio administrativo.
El asambleísta Mauro Andino, presidente del organismo parlamentario, comentó que el tratamiento de la normativa está en la recta final y que en los próximos días el correspondiente informe, dada su trascendencia e importancia para el país. Lamentó que a última hora se haya excusado de asistir el titular de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, Remigio Hurtado, pero que espera que haga llegar, por escrito, sus observaciones y aportes.
Gonzalo Muñoz dijo que desde la vigencia de la Carta Política adoptamos el sistema de neoconstitucionalismo, que en definitiva es la supremacía constitucional en defensa de los administrados y de los ciudadanos, por tanto, un Código Administrativo tiene que llevar esta misma tendencia, es decir, un garantismo a favor de los administrados, en este caso en sus relaciones con distintas administraciones o dependencias públicas.
Enfatizó que debe haber seguridad jurídica para que el administrado en determinado momento, en los procedimientos administrativos, vea garantizados sus derechos respecto al funcionario público o a las administraciones públicas. Urge determinar qué pasa cuando el administrado, en base a su derecho constitucional, hace una petición al funcionario público y este no le responde, incurriendo en lo que denomina silencio administrativo.
También es clave especificar qué pasa cuando por una relación no contractual entre el administrado y una distinta administración pública se produce una acción u omisión de un funcionario público que le genera daño al administrado; si ese administrado tiene la razón y gana el procedimiento tendría derecho a una reparación integral de sus derechos fundamentales, dijo.
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