La Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley para Eficiencia en la Contratación Pública, que busca optimizar los procesos en esta materia, garantizando su eficiencia técnica y económica precautelando los recursos públicos.
La comisión concluye que las reformas son necesarias para evitar la especulación del suelo con motivo de las obras públicas, permitir la redistribución equitativa de los beneficios producidos por las intervenciones del Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizar el derecho a la igualdad reconocida en nuestra Constitución y fomentar la eficiencia en la contratación pública.
Asimismo, permitirá contar con un procedimiento de contratación que mejorará los tiempos de contratación y operación de las obras, con costos más bajos, sin afectar los principios de transparencia y concurrencia. Además, ampliar la participación de las empresas pequeñas y medianas y las personas y organizaciones de la economía popular y solidaria en los procesos de contratación pública.
Durante su primer debate se recibieron varios aportes encaminados a fortalecer la transparencia de la contratación pública, reducir la discrecionalidad en ciertas fases del procedimiento y fomentar a los agentes de la economía popular y solidaria y otros contratistas del Estado.
Estos se refieren a la contratación integral a precio fijo, expropiación, contribución especial de mejoras, reducción de la discrecionalidad y garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública, brindar liquidez a los contratistas del Estado y financiamiento para las garantías contempladas en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Según el informe, la contratación integral a precio fijo se extendería a otro tipo de obras con cuantía inferior a la actualmente establecida. En este sentido se disminuye el monto al correspondiente para la utilización del mecanismo de cotización, es decir, el valor resulta de multiplicar el coeficiente de 0,000007 por el monto inicial del presupuesto general del Estado.
Esta propuesta presentada por el presidente Rafael Correa reforma varios cuerpos normativos vinculados con la contratación de obra pública. Para su análisis se unificaron los proyectos de los asambleístas Marisol Peñafiel, Verónica Guevara y Miguel Moreta.
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