La Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Administrativo (COA), que tiene como objetivo regular las relaciones entre las personas y las administraciones públicas a su servicio.
Para ello, fija un procedimiento administrativo común aplicable por todos los órganos y entidades públicas y recoge los derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones y garantiza la primacía de los intereses generales y el pleno respeto a los principios de juridicidad, control y responsabilidad, entre otros aspectos.
Cronología del tratamiento
El 9 de agosto de 2016, la Comisión aprobó por unanimidad el informe para primer debate, mismo que se tramitó los días 25 y 30 de agosto en el Pleno de la Asamblea
La propuesta fue analizada en 21 sesiones, entre el primer y segundo debate, en las que se mantuvo reuniones permanentes con delegados de instituciones públicas como la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado y la Secretaría General de la Presidencia de la República.
También recibió aportes de los ministerios de Minería, Defensa Nacional, Industrias y Productividad, Desarrollo Urbano; Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio de Aduana del Ecuador (SEANE), Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, Instituto Ecuatoriano de Derechos Tributarios, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet, Valor Agregado, Portadores y Tecnologías de la Información (AEPROVI), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Grupo de Investigación en Derecho de la Universidad Técnica de Machala, Federación de Servidores Públicos (FEDESEP), Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, Asociación de Municipalidades del Ecuador; de las universidades de las Américas, de los Hemisferios, Salamanca; del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.
Estructura y temas
La normativa está compuesta por el Libro I: Las Personas y las Administraciones Públicas; Libro II: El Procedimiento Administrativo; Libro III: Procedimientos Especiales; Libro IV: Responsabilidad Extracontractual del Estado.
Establece los requisitos mínimos para la creación de órganos y entidades administrativas; delegación de competencias; conflicto de competencias; excusa y recusación; gobierno electrónico; la validez del acto administrativo expedido con ocasión de un contrato administrativo no es objeto de arbitraje; terminación del procedimiento administrativo; silencio administrativo; suspensión del acto administrativo; coactiva; procedimientos especiales; responsabilidad extracontractual del Estado; responsabilidad subsidiaria del Estado, entre otros temas.
El proyecto de Código Orgánico Administrativo se ajusta estrictamente a lo dispuesto por la Constitución, en particular, se desarrollan los principios que regulan la administración pública señalados en el artículo 227.
Herramienta de defensa
El asambleísta Luis Fernando Torres, integrante de la Comisión de Justicia, dijo que la idea es que la propuesta, con las observaciones que se incorporen en el Pleno de la Asamblea, sea un instrumento para que el administrado (ciudadano) pueda defenderse frente al crecimiento exponencial que ha tenido el poder público.
Los recursos que tiene a su disposición el administrado para impugnar actos administrativos, los derechos de las víctima frente a responsabilidades del Estado cuando reclama a través de la figura de la responsabilidad extracontractual del Estado, son los puntos fundamentales que un administrado debe tener para poder defenderse y reclamar con eficacia, precisó.
Indicó que se ha fijado un procedimiento expedido para que una persona pueda materializar su aspiración en torno a una petición o reclamo formulado; el silencio administrativo positivo se convierte en una aceptación del pedido del administrado e incluso consta sanción que puede llegar a comprometer la estabilidad del propio funcionario público.
Destacó que el Código es trascendental debido a la dispersión de instrumentos de defensa del administrado, por tanto, la situación mejora.
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