La Comisión de Biodiversidad se trasladará a Sucumbíos, Orellana, Napo, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, para socializar el proyecto de Ley de Circunscripción Territorial Especial Amazónica. En cada sector se desarrollarán cuatro mesas temáticas en las áreas social, económica, cultural y ambiental. "Se trata de recoger insumos para preparar el informe para primer debate", indicó Óscar Ledesma, presidente encargado de la Comisión de Biodiversidad.
El Parlamentario señaló que los espacios de participación ciudadana se abrirán a todo el público. La población debe conocer que por mandato constitucional las provincias amazónicas deben constituirse formalmente en una circunscripción territorial especial y para lograrlo debe existir una planificación integral recogida en una ley, que incluya aspectos sociales, económicos y con un ordenamiento territorial, que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del buen vivir.
Este jueves 12 de enero, los asambleístas se trasladarán a la provincia de Sucumbíos. La reunión será en el Auditorio Principal del Centro de Atención Ciudadana, ubicado en la avenida Circunvalación y Monseñor Gonzalo López Marañón. Están invitadas autoridades, comunidades del sector, organizaciones sociales, líderes, lideresas y los ciudadanos.
La actividad iniciará a las 08:30 con una conferencia de prensa. De inmediato se abrirá el espacio de socialización; luego se debatirán los cuatro ejes de las mesas temáticas: social, económico, cultural y ambiental. Los participantes definirán en cuál de ellas desean dar sus aportes.
Óscar Ledesma dijo que se hará pública la información de los debates de cada mesa. Los insumos los sistematizará el equipo de trabajo de la comisión, que además analizará los impactos económicos que puede generar, a fin de que en el informe se incluya lo que constitucionalmente convenga a la región y país.
Recordó que el artículo 259 de la Constitución establece que con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que, adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía.
Precisó que el artículo 274 de la Constitución reconoce el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados, en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, para lo cual garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad.
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