Una nueva ley aprobó esta semana la Asamblea Nacional. Debatió además el Código Administrativo y recibió a las autoridades de las Funciones de Transparencia, Judicial y Electoral, para que rindan cuentas de la gestión 2016. En las comisiones se debatieron proyectos de ley y se desarrollaron otras actividades.
El Pleno aprobó el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria, según el cual el socio-trabajador puede afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ampliar la posibilidad de conformar asociaciones o cooperativas a nuevas áreas, como la medicina, seguridad privada y turismo. Además, la norma disminuye los trámites en una serie de procesos; amplía los mecanismos para la venta de productos y servicios; fortalece líneas de crédito; y, cambia la institucionalidad para operativizar estos beneficios.
El jueves inició el segundo debate del proyecto de Código Administrativo, que busca simplificar y unificar el proceso de administración pública. Deja de concebir a la persona como un simple receptor de servicios públicos para considerarlo un ser activo, que exige el cumplimiento de sus derechos.
Cinco autoridades acudieron a rendir cuentas a la Asamblea. El Defensor Público, Ernesto Pazmiño, acotó que se instalaron más puntos de atención en diferentes cantones y parroquias, sumando 205. Afirmó que cada año se registran unos 2 mil casos de niñas menores de 14 años con embarazos. Hugo Jácome, de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, resaltó que el sector creció y compartió las cifras de la solvencia de las cooperativas de ahorro y crédito. De la Función de Transparencia, Jácome indicó que se ejecutaron 15 mil 978 acciones de control para prevenir la corrupción y que 383 casos se remitieron a la Fiscalía. Además, contó que el 97% de las instituciones del Estado presentaron informes de acceso a la información pública.
Juan Pablo Pozo, del Consejo Nacional Electoral, aseguró que 12 millones 817 mil 698 ecuatorianos constan en el Registro Electoral para las elecciones del 19 de febrero de este año; se inscribieron 3 mil 725 candidatos; el 74% de los certificados de votación tendrán fotografía; y, que ya se han impreso más del 40% de papeletas. El principal del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Baca, aseveró que se hará cumplir la ley y la voluntad del pueblo en las elecciones de febrero de 2017.
Comisiones
La Comisión de Relaciones Internacionales inició el tratamiento de la Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. A la mesa acudió Carolina Íñiguez, delegada de la Cancillería. Dijo que el instrumento internacional se enfoca en la protección de materiales nucleares. Esta comisión también continuó el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. La vicepresidenta de esta mesa, Dora Aguirre, socializó en Chimborazo el proyecto de Ley de Movilidad Humana. Recibió un reconocimiento por su trabajo en este tema.
Representantes de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Universidad Nacional de Chimborazo, Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, acudieron a la Comisión de Régimen Económico para compartir sus criterios sobre el Libro II del Código de Comercio. También se analizó el libro I, sobre actividad mercantil y los actos de comercio.
Esta semana se cerró el proceso de socialización del proyecto de Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La Comisión de Biodiversidad acudió a todas las provincias de esta región para receptar planteamientos de autoridades, gremios y ciudadanía. Ahora analiza las observaciones, antes de elaborar el informe para primer debate.
Fiscalización
María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, detalló, en conferencia de prensa, diversos movimientos migratorios con destino a Brasil, México y Panamá, del alcalde de Quito, Mauricio Rodas y Jacobo Sanmiguel, Juan Carlos Holguín y Sebastián Ordóñez, cercanos colaboradores.
La asambleísta Marisol Peñafiel destacó el trabajo de fiscalización de la Asamblea Nacional. Informó que desde el inicio de gestión se tramitaron más de 5 mil 300 pedidos de información y alrededor 4 mil 700 documentos recibueron contestación. En tanto, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 10 de marzo de 2016 se tramitaron 2 mil 117 solicitudes de información, que es el primer paso dentro de la fiscalización, de las cuales se han obtenido mil 664 respuestas. De las 15 agrupaciones políticas que hay en el Parlamento, Movimiento Patria Altiva y Soberana es el que más información ha requerido en este período, con el 65.75% del total de trámites.
Ciudadanía informada
Con el fin de brindar a la ciudadanía espacios de debate, para generar una reflexión profunda sobre los temas de coyuntura, conocer opiniones y plantear elementos para la toma de decisiones, la Secretaría de Comunicación de la Asamblea estrenó dos programas esta semana. El uno, Termómetro Ciudadano, se transmitirá todos los jueves, a las 18:00, mientras que Tercer Debate, los miércoles a las 18:00, por los medios legislativos.
Veto a Código del Ambiente
Con 41 observaciones del Ejecutivo, la Asamblea Nacional recibió la objeción parcial al proyecto de Código del Ambiente. Las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional, facultades de los gobiernos autónomos descentralizados, herramientas para la gestión de las áreas protegidas, ecosistema manglar, rescate de animales de compañía abandonados, Fondo Nacional para la Gestión Ambiental e investigación ambiental, son algunos de los temas en los que sugieren cambios.
Otras actividades
En el Parlamento se desarrolla la exposición fotográfica De Cartones y Sollozos, compuesta por 42 obras, a través de la cual el artista Carlos Enríquez Jiménez, reivindica la lucha social y cuestiona el actual sistema consumista. Se realizará hasta el próximo 28 de enero.
En presencia de Rosana Alvarado Carrión, presidenta encargada de la Asamblea Nacional, se realizó la ceremonia de ascenso de los policías nacionales pertenecientes a la Escolta Legislativa.
Nuevas propuestas
La asambleísta Miryam González propuso un proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior para que el requisito de doctorado, PhD o su equivalente, que se exige para ser profesor titular principal a tiempo completo de una universidad o escuela politécnica, sea obligatorio luego de 10 años, en lugar de siete, como establece la norma que rige.
LILA/pv
