La asambleísta Soledad Buendía solicitó la creación de una comisión auditora de investigación para establecer un marco legal del endeudamiento, tras el feriado bancario de 1999. Esto lo hizo durante el primer debate del proyecto de Ley para la Restructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores
Además, sugirió que la normativa contemple la reparación para las víctimas de la crisis financiera, a fin de que los deudores de buena fe puedan cancelar sus acreencias. “El antiguo Congreso apoyó la crisis económica, con la aprobación de la Ley de la AGD, consolidando el atraco en el país”, acotó.
Galo Borja, asambleísta por El Oro, indicó que 450 deudores pagaron las deudas, 500 restructuraron sus deudas, de los cuales 200 están en mora. En este sentido, propuso que el proyecto incluya un seguimiento de los deudores para gestionar y encaminar sus acreencias a través de cooperativas. El fin es la reinserción de los deudores en el campo productivo del país, así como la recuperación de una vida digna, agregó.
René Yandún, asambleísta por Carchi, enfatizó que el Banco Central debe presentar un informe económico y técnico así como balances financieros sobre los bienes incautados a partir de la crisis bancaria, incluyendo la especificidad de la situación actual de las instituciones financieras involucradas y que se los entregue a Recycob, empresa de cobro de cartera, propia y de terceros, del sector financiero.
El asambleísta nacional Miguel Carvajal describió tres ejes fundamentales, los cuales también acogen al sector campesino. En primer lugar, al Banco Central le compete la fijación de la empresa que se hará cargo de la cartera vencida, resultante de las operaciones crediticias, a través de concursos, afirmó. Se trata de un proceso interno de esta entidad. No es competencia de las y los legisladores definir en la ley tal o cual empresa para el cobro de la deuda, ya que se prestaría para malas interpretaciones”, subrayó.
También apoya la moción del seguro de desgravamen para los deudores familiares que han traspasado su acreencia a familiares. Planteó que la ley acoja a los deudores que padecen enfermedades catastróficas y discapacidad. “La ley debe proteger a los campesinos pobres que no pueden pagar la deuda, debido a enfermedades catastróficas así como a quienes padecen discapacidad”, destacó.
Al igual que otros asambleístas, Rosa Elvira Muñoz apoyó que al Banco Central le compete la definición de las empresas para el cobro de las deudas. Además, la ampliación del plazo de pago de la deuda de 150 a 180 o más días.
“El proyecto debe dar oportunidad a los deudores campesinos para restructurar sus acreencias y permitir su reinserción en el ámbito productivo, que inciden en la soberanía alimentaria del país”, sostuvo Ángel Rivero.
Henry Llanes, representante de Pichincha, enfatizó que existen instituciones financieras específicas que sometieron al país al quiebre bancario, por lo que no se puede incluir a todos los bancos en una misma categoría. Coincidió con Carvajal el desacuerdo de que a través de una ley se asigne la responsabilidad de cobro a la empresa privada Recycob.
“La condonación de deudas no debe aplicarse solamente a los familiares de deudores fallecidos, sino a los campesinos perjudicados por desastres naturales, ya que los agricultores son golpeados por la naturaleza de forma constante. Esta es una oportunidad para acogerlos”, enfatizó César Solórzano.
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