La Comisión de Régimen Económico aprobó, con 10 votos a favor, el informe para segundo debate del Proyecto de Código de Comercio, de iniciativa del legislador Galo Borja. Tiene como objetivo, fomentar un sistema de comercio e inversión bajo los principios de justicia, solidaridad, complementariedad y equidad, para lo que se adecúa a las actuales exigencias y dinamismo del comercio nacional e internacional.
Bajo esta óptica, la propuesta busca superar los obstáculos que puedan dificultar las actividades comerciales. Procura delinear el universo actual de esta actividad y los agentes que en ella intervienen, para que los principios que animan a ese derecho se reflejen en normas que evidencien la agilidad mercantil y los individuos regidos por ellas.
El actual Código de Comercio data de 1960. El Proyecto está compuesto por siete libros. Libro I de la actividad mercantil y de los actos de comercio en general; II de las personas e instrumentos del comercio; III de los instrumentos del comercio, títulos valores y títulos de crédito; IV de las obligaciones y contratos mercantiles en general; V de los contratos mercantiles; VI del contrato de seguro y VII los contratos de transporte, en el ámbito terrestre, marítimo, aéreo fluvial y multimodal.
El Proyecto de Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y de los actos y contratos de comercio aunque sean ejecutados por no comerciantes. Se precisa que las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles, no se considerarán comerciantes, pero estarán sujetas a lo dispuesto en el Código en cuanto a dichas operaciones.
Se precisa que desde la perspectiva constitucional, este Proyecto se orienta a dinamizar las transacciones comerciales mediante el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes. Del mismo modo, sus normas están dirigidas a viabilizar el concepto de comercio justo, con mecanismos que, por un lado, maximicen los derechos a desarrollar actividades económicas, a libertad de contratación y acceso a bienes y servicios públicos y privados de calidad, y por otro, equilibren la intervención subsidiaria del Estado, en los intercambios y transacciones económicas.
También se advierte que, en el ámbito legal es indispensable la promulgación de un nuevo Código de Comercio, a tono con una serie de leyes promulgadas al amparo de la Constitución de 2008, como los Códigos Monetario y Financiero; de la Producción, Comercio e Inversiones; de la Economía Social del Conocimiento y la Innovación, de Registro de Datos Públicos, así como aquellas que norman el ejercicio de organismos de regulación y control con incidencia en las actividades de comercio. De igual manera, los compromisos adquiridos por el Ecuador en materia comercial, como el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea y aquellos que adopte a futuro, teniendo como horizonte el fortalecimiento de la integración.
En el Proyecto se adecuó un conjunto de textos a los convenios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y la Ley Modelo de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
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