La Comisión de Relaciones Internacionales se allanó al veto parcial propuesto por el Ejecutivo al proyecto de Código de Entidades de Seguridad y Orden Público. Durante el análisis, la mesa recibió al viceministro del Interior, Diego Fuentes, quien dijo estar de acuerdo con las observaciones. Después, los legisladores estudiaron y votaron uno por uno los artículos y las disposiciones impugnadas.
En cuanto al artículo 102, que fue uno de los objetados, el proyecto señala que los traslados de los miembros de la Policía a otra zona geográfica durará hasta dos años y que se podrá extender por el mismo período. Sin embargo, el Régimen sugiere que también se pueda reducir ese tiempo, según la necesidad de la institución o en beneficio del propio servidor. Esta sugerencia recibió el apoyo mayoritario de los legisladores, quienes estuvieron también de acuerdo con la corrección de una frase que se repetía dos veces en el artículo 161.
Sobre los traslados, Fuentes señaló que hay casos excepcionales que requieren ese tipo de movimientos, por lo que la extensión o reducción del tiempo es factible. En tanto, la vicepresidenta de la Comisión, Esther Cuesta, dijo estar de acuerdo con esta flexibiización e hizo referencia a los derechos humanos de los servidores públicos, considerando, sobre todo, la unión familiar.
Otra de las observaciones que recibió la aceptación de la Comisión es la relacionada a la Disposición Transitoria Décimo Cuarta que prevé la creación de una Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, pero el Ejecutivo expone que no es oportuno y propone que se determine 180 días para que el Consejo de Educación Superior elabore los estudios necesarios en las universidades públicas que puedan establecer carreras relacionadas con esta temática.
Crear una universidad no es lo más pertinente explicó la presidenta de la Comisión, Doris Soliz, quien propuso que se sugiera, en el informe no vinculante que presente la Comisión, el fortalecimiento del Instituto Tecnológico Superior de la Policía, con cuyo criterio coincidió Paola Vintimilla. Hermuy Calle planteó allanarse en este tema porque crear una Universidad es muy complejo, costoso y difícil.
Para defender y pedir la ratificación de la Disposición Transitoria Vigésimo Segunda se presentó una delegación de la Comisión de Tránsito del Ecuador, encabezada por Martín Saquicela. Pidió que se ratifique lo aprobado por la Asamblea y que la fórmula de cálculo del seguro de cesantía se aplique a partir de los quince años de servicio.
En la observación, el régimen propone que quienes acrediten veinte o más años de servicio el Fondo Complementario Previsional Cerrado les entregue la prestación complementaria de cesantía y a quienes acrediten menos del tiempo señalado se les adjudique sus aportes personales. Esta observación también fue defendida y apoyada en el órgano legislativo. No perjudica ni un solo derechos de los trabajadores, aclaró Doris Soliz.
En la disposición reformatoria décima, que modifica la Ley de Fortalecimiento de Regímenes Especiales de Seguridad Social de las FF.AA y Policía Nacional, para homologar el cálculo de las pensiones de la Policía con las de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo sostiene que se requiere un estudio actuarial y provisiones previsionales, por lo que resulta inadecuado igualarse en este momento y plantea que sea después de 10 años. Incluso, Diego Fuentes aseguró que se podría reducir el tiempo a la mitad, por lo que la comisión acogió la observación del Régimen y recomendó que este proceso se lo realice en el menor tiempo posible.
LILA/pv
