El informe que preparó la Comisión de Relaciones Internacionales, respecto del proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, se dio a conocer ante el Pleno por su presidenta, Doris Soliz. El Ejecutivo observó cuatro temas de fondo y tres de forma, que permiten mejorar y perfeccionar el texto aprobado por la Asamblea, segùn la asambleísta.
El tiempo de traslado de policías; la creación de una Universidad de Seguridad Ciudadana; la fórmula de cálculo del Seguro de Cesantía del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador; y, la homologación en el cómputo de las pensiones de retiro entre Policía y Fuerzas Armadas (FF.AA), son las cuatro temáticas de fondo que busca corregir el régimen.
En el documento, la mesa legislativa sugiere el allanamiento total y Doris Soliz explicó los argumentos. Sobre el artículo 102, el Pleno aprobó que el traslado de los miembros de la Policía puede efectuarse por dos años y extenderse por el mismo período, pero el Régimen propone que ese tiempo pueda reducirse, según las necesidades del servidor o de la institución. La Presidenta de la Comisión dijo que la sugerencia es beneficiosa, porque el vencimiento se puede generar por la motivación del propio servidor y según requiera la institución.
La disposición transitoria décimo cuarta, que también observó el Ejecutivo, manda que se cree una Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales para que especialice y capacite a los servidores que regula el código. Sin embargo, el veto señala que lo más pertinente es que las universidades públicas ofrezcan las carreras que se requieren.
Doris Soliz expuso que la creación de una nueva institución de educación superior contradice lo dispuesto por la Ley de Educación Superior, que exige el cumplimiento de algunos requisitos, como estudios de mercado y una propuesta ténico-académica que contemple una estructura con varias carreras, así como la demostración de esa necesidad. La Comisión recomendó en el informe fortalecer al Instituto Tecnológico Superior de la Policía Nacional para que continúe impartiendo los conocimientos específicos.
La otra objeción tiene que ver con la fórmula de la liquidación de cesantía a los miembros del Cuerpo Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El ex presidente, Rafael Correa, quien vetó parcialmente el proyecto, planteó que se les acredite después de veinte o más años de servicio y no de 15, como consta en la propuesta original. Soliz explicó que el objetivo es ir homologando los mismos derechos al conjunto de entidades y ciudadanos.
La observación que, según la Presidenta, perfecciona el texto del proyecto, es la relacionada con el cálculo de las pensiones de retiro de la Policía Nacional para que se homologuen con las de las Fuerzas Armadas. Afirmó que el veto plantea un plazo de diez años para cumplir esta propuesta, ya que se necesitan estudios actuariales y las provisiones previsionales. Sostuvo que, según representantes del Ministerio del Interior, ese plazo se puede incluso reducir.
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