Con 134 asambleístas presentes se realizó la sesión 459 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se trató la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. La Comisión de Relaciones Internacionales recomendó el allanamiento total y con 73 votos a favor se dio luz verde. Son cuatro libros, pero el que genera mayor debate es el tres, que tiene que ver con los servicios de protección pública.
Doris Soliz, ponente del proyecto, aseguró que el código garantiza la prestación de servicios de seguridad ciudadana y complementarios; además, fortalece los niveles de gestión. Se prioriza el concepto de policía preventiva, mejora la formación académica y regula el régimen de traslados. Además, se da mayor atención al servicio de medicina legal y forense. “En protección pública se trata de no desperdiciar el recurso humano formado para policías y militares y crear una unidad para que brinde seguridad a los funcionarios”, dijo.
Cuatro objeciones de fondo
Son cuatro objeciones de fondo y tres de forma. Una plantea la reducción del período de traslado de los policías, con la motivación del propio servidor o de las necesidades de la entidad. También se planteaba la formación de una universidad de seguridad ciudadana y ciencias policiales y el veto señala que sean las universidades públicas las que ofrezcan la gama de lo que se requiere para la formación en seguridad ciudadana. Una de las recomendaciones es potenciar el Instituto Tecnológico Superior de la Policía. “Es un código construido de forma paciente, con debate y participación de todos los actores durante seis años”, enfatizó.
El libro polémico
El punto de desacuerdo está en el libro tres del Código. Según varios asambleístas, como Mae Montaño, Henry Cucalón, Luis Fernando Torres y Lourdes Cuesta, no es posible que el libro tres quede en el congelador, pues creen que si eso sucede, cualquier otro gobierno podría hacer uso de él. “Con las recientes declaraciones del Presidente Moreno, el servicio de seguridad civil, nace prácticamente obsoleto. No solo será innecesario, por lo dicho por el Presidente, sino también inconstitucional, pues los artículos 163 y 158 de la Constitución no dan margen a que este trabajo lo haga nadie que no sea la Policía y Fuerzas Armadas, explicó Luis Fernando Torres, durante su intervención.
Avances en seguridad
Asambleístas de PAIS echaron un vistazo a lo ocurrido en materia de seguridad ciudadana en la última década. Trajeron a colación cifras como los índices en la reducción de la inseguridad, el aumento de uniformados y sus sueldos, las mejoras en infraestructura física y tecnológica y la inversión que bordea los 26 mil millones de dólares, que implica 48 veces más que en los últimos gobiernos.
Ante las opiniones de diversos legisladores que se trataría de crear una entidad de seguridad armada y paralela a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, Doris Soliz dijo que es lamentable que no se pueda tener un debate técnico, informado y de altura. “Hablamos de un sistema transparente, que no usará armas, salvo cuando tenga la autorización respectiva, no se trata de crear un cuerpo en contra de los ciudadanos”, aseguró.
1.220 agentes regresarían a sus labores
Para Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea, Ecuador es y será lo que su pueblo determine y no lo que a fuerza de repetición se quiere hacer creer. Hizo énfasis en que la historia ecuatoriana tiene episodios de violencia y citó algunos casos ocurridos en el gobierno de Febres Cordero. “Quienes hablan de debilitar la institucionalidad son quienes tenían a nuestros policías durmiendo en cartones en lugar de colchones, con sueldos miserables y sin armamento”, expresó. Hizo hincapié en que con el Código se logra que 1.220 agentes policías y militares, que hoy resguardan a funcionarios y autoridades vuelvan a las funciones para las que están capacitados.
MC/pv
