La Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó, por unanimidad (12 votos afirmativos), el informe no vinculante del veto al proyecto de Código Orgánico Administrativo (COA). La mesa recomienda al Pleno de la Asamblea el allanamiento parcial en 14 de las 19 objeciones y la ratificación en los textos de los artículos 101, 104, 207, 336, así como en los numerales 3, 4 y 5 de la Disposición Reformatoria Primera.
La propuesta de ratificación hace mención a temas como la eficacia del acto administrativo, la nulidad, el silencio administrativo, la reparación por daños.
Así, se determina que el acto administrativo será eficaz una vez notificado. La ejecución de este sin cumplir con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, un hecho administrativo viciado.
También que es válido el acto administrativo mientras no se declare su nulidad; puede ser anulado total o parcialmente. La declaración de nulidad puede referirse a uno, varios o a todos los actos administrativos contenidos en un mismo instrumento.
Los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos a las administraciones públicas deberán ser resueltos en el término de 30 días, vencido el cual, sin que haya notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá que es positiva.
Cuando el daño sea patrimonial, se procurará la restitución de las cosas a su estado original o al más próximo, al que se encontraba antes de la afectación o de no ser posible, mediante reparación pecuniaria en la que estaría incluida la reparación por daños meramente morales, cuando corresponda. La reparación pecuniaria podrá sustituirse por una compensación equivalente en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
Objetivos
El Código Administrativo llena un vacío en el sistema legal ecuatoriano y por primera vez nuestro país contará con un cuerpo legal que regule las relaciones entre los ciudadanos y las diferentes instituciones del Estado, tomando en cuenta que durante muchos años han existido múltiples normas dispersas en materia administrativa, entre ellas el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), por tanto, cada entidad pública ha actuado a través de resoluciones, disposiciones, acuerdos, generando confusión e incluso falta de seguridad jurídica.
La normativa contiene reglas para garantizar los derechos de la población, que puede reclamar por la prestación de servicios, definir la acción coactiva y las responsabilidades de los servidores públicos.
MG/pv
