“El compromiso desde esta Asamblea, es trabajar en leyes para hacerle frente a la corrupción, en todos los niveles”, dijo José Serrano, presidente del Parlamento de Ecuador, al recibir el proyecto de Ley Orgánica de Manos Limpias Contra la Corrupción, por parte de Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y el vicepresidente de ese organismo, Edwin Jarrín.
Serrano, aseguró que este proyecto de ley lo tratará directamente la Presidencia de la Asamblea Nacional, es decir, la propondrá ante el Consejo de Administración Legislativa, la Comisión de Justicia y el Pleno. Dijo que existe la necesidad de trabajar en una lógica de manos limpias contra la corrupción, por lo que la propuesta se procesará de forma inmediata.
Tipificar la corrupción
Para Raquel González, se trata de que desde la Presidencia de la Asamblea se implemente y coordine con jóvenes universitarios del país, que están empoderados en la gran minga contra la corrupción. “La propuesta se retroalimentará con la ciudadanía para efectivizar el aterrizaje del proyecto de ley. Incluye posibles reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip) y otras leyes, para incidir en el combate a la corrupción”, explicó.
Edwin Jarrín señaló que el proyecto se enfoca en debatir y tipificar en el Coip el delito de corrupción, que no está contextualizado en la ley. Especifica sanciones penales, que permitirán avanzar hacia la muerte civil de los involucrados en delitos de corrupción, tanto para funcionarios públicos como privados. Otro elemento que plantea es que el Cpccs tenga sanción coercitiva hacia las instituciones públicas que no cumplen la ley.
Qué implica la muerte civil
Si un funcionario público o empresario privado es sentenciado por delito de corrupción, significa que nunca más podrá ser funcionario público, candidato a ninguna función de elección popular, postular a ningún cargo por concurso de méritos y oposición, ni contratar con el Estado. Hay que aclarar que esta sanción no tiene caducidad.
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