El Pleno se ratificó en cuatro artículos y una disposición reformatoria del proyecto de Código Orgánico Administrativo, después de que el Ejecutivo objetara diecinueve temas. Consideró que no se deben modificar los artículos relacionados con el silencio administrativo, reparación de daños, eficacia del acto administrativo y nulidad del acto administrativo. Los legisladores aseguraron que el cuerpo legal garantiza los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública.
En cuanto al silencio administrativo, los asambleístas insistieron en que los funcionarios tienen la obligación de contestar en un límite de tiempo los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos a las administraciones públicas para que el ciudadano pueda tener el derecho a la defensa y al debido proceso. La Asamblea aprobó que en caso de no darse atención a una petición en el transcurso de treinta días se entenderá que la misma es positiva para el ciudadano, pero el exmandatario, Rafael Correa, en su objeción, explica que existen peticiones que requieren de informes, exámenes, experticias técnicas, que requieren de mayor tiempo.
La comisión indica que los límites se establecieron con base en el desarrollo jurisprudencial y que la preocupación del Presidente está prevista en el cuerpo legal. También indica que se pensó en solucionar las demoras innecesarias a las que se ven abocados los administrados.
La garantía del derecho a la defensa también fue parte de la motivación para que el Pleno se ratificara en el artículo que regula la eficacia del acto administrativo. En el proyecto, el Legislativo aprobó que este acto será eficaz cuando se notifique al administrado, caso contrario se lo calificará como viciado. El Ejecutivo consideró que la eficacia no debe estar supeditada a la notificación, pero la Asamblea reitera que esa observación sería una transgresión al debido proceso.
“Lo que estamos haciendo es histórico. Estamos dotándole al ciudadano de un escudo para que se pueda defender mejor”, aseguró Luis Fernando Torres, mientras que René Yandún dijo que el código “va a dar grandes satisfacciones a los ecuatorianos”. “Es orgánico, sistemático, ordenado”, agregó Rosa Orellana, mientras que Henry Cucalón lo calificó de “verás” que le permitirá al administrado contar con elementos suficientes para evitar que la administración pública vulnere sus derechos.
Otro de los temas observados por el exmandatario es sobre la reparación de daños. Indica que el proyecto solo se refiere a la compensación del daño patrimonial, pero no del no patrimonial. Sin embargo, según el informe de la comisión, la enmienda no es correcta porque en dos párrafos del artículo que regula este tema se habla de la reparación inmaterial. Indica que el objeto es satisfacer y reparar, en la medida de lo posible, los daños causados a las personas y que sean materia de responsabilidad del Estado. Con este argumento, el Pleno ratificó su texto.
Un cambio innecesario lo estimó la Comisión de Justicia a la objeción que sugirió el Ejecutivo en cuanto a la nulidad del acto administrativo. Planteaba las motivaciones y causales para declararlo invalidado. No obstante, la mesa explicó que en otros artículos ya se prevén esos elementos. El proyecto establece que el acto administrativo es válido mientras no se declare su nulidad, que puede total o parcial.
Por pedido de varios asambleístas, la presidenta de la Comisión, Marcela Aguiñaga acogió la recomendación para que la Asamblea también se ratifique en el texto del artículo 217, referente a las reglas que deben observarse para la impugnación.
De esta forma, 125 asambleístas apoyaron la insistencia de los artículos 101, 104, 207, 217, 336 y disposición reformatoria primera, numerales tres, cuatro y cinco.
LILA/pv
