Paola Espín, representante de la Universidad San Francisco de Quito, propuso incluir en el proyecto de Ley de la Circunscripción Especial Territorial Amazónica el monitoreo ambiental comunitario. La idea representa una iniciativa de investigación trabajada por este centro de estudios, durante cinco años, con las organizaciones de base, tarea que requiere el respaldo legal.
El monitoreo ambiental comunitario permite que las comunidades se empoderen y vigilen lo que es la calidad ambiental en sus territorios, afirmó al señalar que a través de este mecanismo se busca que las comunidades sean actores activos del monitoreo.
Igualmente, enfatizó que la capacitación les ha permitido logros cuantitativos y cualitativos, y que durante cinco años han duplicado el número de reportes en la base de datos públicos, pero no son vinculantes porque no tienen una base legal.
De su lado, Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía, expresó que, en primera instancia, se debe reconocer de manera conceptual y jurídica lo que significa el monitoreo comunitario.
Las personas que se dedican a esta labor vigilan las actividades de reparación y las extractivas, que generan efectos contaminantes al ambiente y afecciones a las personas, lo cual constituye un grave problema, subrayó.
Una vez que se reconozca el trabajo de los monitores comunitarios, se deben establecer los recursos económicos para continuar con el trabajo. Es responsabilidad del Estado cuidar el ambiente con la participación de las nacionalidades, añadió.
Los parlamentarios consideran que es importante reconocer el trabajo de los monitores comunitarios ambientales, pues ellos sienten el impacto ambiental y sus reportes son esenciales para el resarcimiento de los pasivos ambientales.
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