En la Comisión de Participación Ciudadana el análisis del proyecto de Código de Participación Ciudadana continúa. Según explicó Héctor Yépez, presidente de esa mesa de trabajo, se espera que en las próximas semanas esté listo el informe en el que trabajan, con lo que se cumplirían los plazos que exige la Ley de la Función Legislativa.
Dentro de los principales planteamientos está la reforma a la integración del Consejo de Participación Ciudadana, en donde se prohíban los vínculos políticos, afiliación a un partido o movimiento y la participación en altos niveles de gobierno por los 10 últimos años.
En la última sesión de la comisión estuvieron representantes de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), quienes aseguraron que las reformas son necesarias, además, insistieron en que debe analizarse la posibilidad de reformar la Ley de Comunicación. Guadalupe Fierro, presidenta de la UNP, dijo que cualquier aporte para fortalecer la democracia es vital en una época de transición como la que atraviesa el país.
En cuanto a las organizaciones sociales, se pretende incluir en el texto inicial de este código los decretos ejecutivos 16 y 739. En este sentido existen consensos para no coartar la libertad de las organizaciones sociales. Lo que se propone es garantizar la plena libertad de asociación, que se recupere el rol de la sociedad civil, con lo que según Yépez, quien gana es el pueblo, por lo que hay que incentivar la participación ciudadana.
Propuesta paralela
El asambleísta Esteban Bernal explicó su planteamiento de enmiendas constitucionales, que pretenden elevar a rango constitucional una buena parte de las propuestas incluidas en el proyecto de Código de Participación Ciudadana. “El 16 de mayo el expresidente Rafael Correa indultó a Antonio Buñay, condenado a ocho años de reclusión ordinaria, y eso generó indignación”, relató Bernal. Lo hizo como antecedente para afirmar que mientras la Asamblea solo puede indultar en ciertos casos, el Presidente no tiene restricciones. Por tanto, el asambleísta plantea que el alto mandatario debe utilizar los mismos mecanismos que se llevan a cabo en el Legislativo.
Según Bernal, son necesarias estas restricciones para no tener a ecuatorianos auditándose e investigándose así mismos. El legislador ya adelantó conversaciones con los diferentes bloques con el objetivo de discutir la propuesta. “Hay que ampliar la lucha contra la corrupción a través de enmiendas constitucionales, pues sin perjuicio de lo que suceda debemos presentar propuestas e iniciativas legislativas, para que mediante normas jurídicas le hagamos frente a la corrupción”, recalcó.
En el interior de la comisión existen consensos. El próximo 28 de julio los asambleístas estarán en la provincia de Orellana, en una nueva jornada de socialización, que servirá para recoger criterios encaminados a enriquecer el cuerpo legal.
MC/pv
