El Pleno de la Asamblea Nacional, con 111 votos exhortó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, declare estado de excepción en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Los Ríos, afectadas por los procesos eruptivos del volcán Tungurahua.En consecuencia, en cumplimiento del artículo 389 de la Constitución deberá establecer un lugar específico, de prioridad del gobierno central, que permita en tiempo de crisis, cultivar, albergar y dotar de alimentación adecuada a los animales de propiedad de las personas afectadas, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en coordinación con la población.
Además, determinar un programa de reactivación productiva, dirigido a las personas afectadas por la erupción del volcán Tungurahua, a través del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad.
Igualmente, tendrá que hacer partícipe a las personas afectadas por las erupciones del volcán Tungurahua del programa de protección social que maneja el Ministerio de Inclusión Económica Social, para que las mismas accedan de sus beneficios.
Se deberá cumplir los distintos proyectos elaborados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y por la Secretaría Nacional de Gestión Riesgos, como resultados de la expedición de los decretos ejecutivos 245 y 246, del 8 de febrero de 2010, para su ejecución; así como ampliar el apoyo logístico y técnico al Instituto Geofísico, para que -de manera coordinada con la Función Ejecutiva- le permita hacer un monitoreo constante y efectivo de la actividad del volcán Tungurahua y mantener informada oportunamente a los sectores afectados y a la sociedad en general.
La asambleísta Gioconda Saltos, proponente del proyecto de resolución, subrayó que al momento la provincia de Tungurahua y principalmente los sectores de Cusúa, Juive Grande, Cotaló, Quero, Cevallos, Chacauca, Bilbao, Pelileo, Pillate y San Juan, entre otras, están siendo afectados por el continuo proceso eruptivo del volcán Tungurahua, perjudicando los cultivos y la crianza de animales, que son el patrimonio económico y la principal fuente de ingresos de los pobladores, por lo cual se requiere de la reactivación económico-productiva del sector.
En este sentido, recordó que el artículo 389 de la Constitución, establece que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo.
Añadió que la misma normativa instaura como función del organismo técnico de gestión de riesgo articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, mientras que la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece la Secretaría Nacional de gestión de Riesgo como el organismo técnico que ejercerá la rectoría del sistema nacional descentralizado de gestión y de riesgo.
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