La Comisión de Justicia aprobó, con 11 votos afirmativos y uno en contra, el informe sobre el veto parcial del Presidente de la República a la denominada Ley de Paraísos Fiscales. De esta forma, la mesa allana el camino para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017.
El organismo decidió recomendar al Pleno la ratificación de los textos aprobados por la Asamblea Nacional en cuanto a los Artículos 2, 8 y 9, así como el allanamiento a las disposiciones reformatorias primera, segunda, cuarta y sexta, observadas por el Ejecutivo.
Excepciones
La legisladora Verónica Arias Fernández, integrante de la comisión, explicó que la ratificación al Artículo 2 permite excepciones para becarios, funcionarios del servicio exterior y los candidatos a asambleístas por las circunscripciones del exterior.
GAD
Mientras que el texto original al Artículo 8 dispone que los gobiernos autónomos descentralizados sean los cuerpos colegiados que procedan a la destitución de las autoridades ejecutivas de los GAD, en tanto, para otros funcionarios, la responsabilidad de posible destitución la ejercerá la Contraloría General del Estado, precisó la asambleísta.
Destitución de altas autoridades
Argumentó que en el caso del Presidente y Vicepresidente de la República y asambleístas será la Asamblea la que proceda a la correspondiente destitución, si tuvieran bienes en paraísos fiscales y no los hayan repatriado. El veto establecía que la Corte Constitucional es la que debería destituir a esos funcionarios, lo cual contradice la norma.
“Hemos viabilizado ese mandato popular expresado en febrero pasado para que los funcionarios públicos y autoridades de elección popular no tengan bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales. Y si quieren ingresar en una institución pública o intervenir en la actividad política deberán traer los recursos al Ecuador”, concluyó Verónica Arias.
MG
