Con el propósito de analizar la problemática estructural que afecta el desarrollo agropecuario, la Comisión de Soberanía Alimentaria instaló su sesión ordinaria itinerante 021 en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas.
La mesa dialogó con organizaciones y asociaciones de agricultores, ganaderos y pobladores del sector rural, quienes presentaron una serie de aportes y observaciones para la construcción del proyecto de Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario.
Se pronunciaron por líneas preferenciales de crédito, incentivos tributarios a favor de la gente del campo, revisar el tema de kits agrícolas, facilitar la importación de maquinaria, capacitación, establecer un nuevo sistema de comercialización, mercados populares, legalizar la tenencia de tierras, entre otros.
El asambleísta Ricardo Zambrano, presidente de la Comisión, dijo que “ya no queremos que el sector rural sea tan solo una postal, sino también gestor directo del desarrollo del país. Trabajamos en territorio, venimos a escuchar a la comunidad y juntos poner en marcha la revolución agraria, que es una deuda que no puede ser postergada por más tiempo”.
Para la legisladora Verónica Guevara, vicepresidenta del organismo, urge darle presencia a la biotecnología, a través de la academia y la universidad, para hacer efectiva la innovación e investigación.
Inquietudes de la población
Carlos Luis Martínez, de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, pidió que se considere la agricultura grupo estratégico productivo que permita abrir nuevos mercados en el exterior a la producción nacional.
A criterio de Nancy Romero, de la Asociación de Agricultores y Productores de la Legía, es fundamental mejorar y modernizar el proceso de comercialización.
Jesús Arreaga, de la Asociación de Productores Agrícolas 4 de Julio, expresó que las semillas certificadas tienen que responder y adaptarse a las condiciones de cada zona. Solicitó crear seguros con varias empresas para enfrentar fenómenos de la naturaleza.
Según Feddy Serrano, del Frente de Defensa del Sector Agropecuario, el Estado gasta alrededor de 800 millones de dólares en la importación de fertilizantes químicos, por tanto, es hora de apoyar la industrialización del abono orgánico.
En este espacio de diálogo nacional se dieron cita pequeños agricultores de la provincia de Bolívar, quienes exhortaron a un control del ingreso indiscriminado de productos desde y por las zonas de frontera norte y sur, que pone en riesgo la producción ecuatoriana.
MG/pv
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