Eliminar progresivamente los patrones socioculturales y estereotipos que se justifican o naturalizan es uno de los objetivos que busca alcanzar el proyecto de Ley Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Esta meta se encamina a cumplir uno de los ejes centrales de la propuesta, que es la prevención de este problema. Se hará a través de mecanismos de sensibilización y concienciación.
Este y otros temas que son parte del cuerpo legal los explicó en Guayaquil la asambleísta Mónica Alemán, presidenta de la Comisión Ocasional creada para estudiar la norma. Este órgano parlamentario deberá presentar los informes para debate en el Pleno. Su aprobación será antes del 25 de noviembre, fecha en que se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer.
Sobre la prevención, Alemán informó a las organizaciones sociales, representantes de instituciones estatales y ciudadanía que la ley exige la articulación de políticas, planes, programas, proyectos, mecanismos, medidas y acciones necesarias entre todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres.
El sistema lo integran veintitrés instituciones, entre ellas los ministerios de Justicia, Educación, Salud, del Interior, Defensa, Inclusión Económica, de Cultura, Trabajo, Vivienda, Deporte, Finanzas, Agricultura, Asamblea Nacional, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Fiscalía.
Otro de los pilares del proyecto es la erradicación de la violencia, que se hará mediante la atención integral, protección y reparación. En cuanto a la atención, según la parlamentaria, se prevé la creación de red de servicios especializados, espacios de atención integral, sistemas de información, así como políticas de incentivos a víctimas y familiares.
Se establecen también medidas administrativas de protección que serán de carácter inmediato y provisional. El objetivo principal es evitar o cesar la amenaza o vulneración de la vida e integridad, según Mónica Alemán.
En cuanto a la protección se establece el procedimiento, el pedido y otorgamiento. Este último se entregará por la sola descripción de los hechos y no se exigirán pruebas. En cambio, en la reparación integral se determinan políticas interinstitucionales e instrumentos para su cumplimiento.
Aquí también se exige el desarrollo de programas socioeconómicos a víctimas en situación de vulnerabilidad, condición económica, discapacidad y salud como resultado de la violencia de género.
Entre otras medidas de reparación se contempla la atención psicológica, salud y educación; apoyo para la reinserción laboral, proyectos productivos y de emprendimiento, así como la reparación económica.
LILA/pv
