La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por Jorge Corozo, intensificó el debate y construcción del proyecto de Ley del Adulto Mayor. Recibió al Comité de Derechos Humanos del Ecuador y a varios ciudadanos, quienes destacaron el enfoque inclusivo de la propuesta.
También señalaron que la normativa es una oportunidad histórica para garantizar derechos como la movilidad sin limitaciones, especialmente para la población con discapacidad, acceso a créditos preferenciales, a una atención de salud de primer nivel, vivienda y empleo.
El asambleísta Jorge Corozo precisó el interés que le ha puesto la sociedad a este tema, al enfatizar que ya son seis sesiones en las que se ha discutido y receptado importantes insumos al respecto y que la mayor preocupación de la mesa es que las personas de la tercera edad sientan la protección directa del Estado y se les ofrezca una vida digna.
Para la ciudadana Isabel Caicedo, en la ley se ve un avance significativo en el aspecto de inclusión, en particular lo que se refiere a la protección de este grupo vulnerable, pero es fundamental que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) establezcan medidas efectivas de accesibilidad al medio y espacio público, desarrollando acciones que eliminen barreras urbanísticas.
Los municipios deben fijar ordenanzas para facilitar la accesibilidad a los espacios públicos y, lo que es más, en las viviendas con espacios, gradas y elevadores amplios para una buena circulación.
En cambio, el abogado Eduardo Araujo propuso que dentro de los trámites administrativos que los adultos mayores realicen ante las instituciones públicas (reclamos, peticiones, etc.) prime el principio de informalidad, que exista una oficina especializada para atender dichas solicitudes y que puedan entrevistarse con la autoridad del ramo para exponer su inconformidad.
Hay que regular las trabas para que las personas mayores de 65 años se adhieran a los seguros privados, fomentar programas de inclusión en la inversión, esparcimiento, de salud y al sistema financiero, sostuvo.
A su vez, Antonio Torres y Marcelo Hallo, presidente y dirigente del Comité Nacional de Derechos Humanos, respectivamente, mencionaron que el organismo atendió 22 mil casos a nivel nacional y 835 a nivel internacional en torno a derechos de adultos mayores, al ponderar que el proyecto toca todos los aspectos referentes a los derechos humanos y la obligatoriedad de las instituciones en el cumplimiento de la misma y de las políticas públicas tiene que ser total.
Es necesario exigir la vinculación de las personas en el aparato laboral público y privado, tal cual funciona el sistema con las gentes con discapacidad, sobre la base de capacidades y competencias, puntualizó Hallo.
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