Esta víspera llegó a la Asamblea Nacional el documento que contiene 30 objeciones al proyecto de ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Una buena parte de las observaciones son de forma, como el reemplazo de ciertas palabras, la fusión de artículos y la recomendación de no crear más institucionalidad, pues según el veto parcial, se habla que la rectoría del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres estará a cargo del ente rector de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
En el artículo 24 literal m, del texto aprobado por la Asamblea Nacional se establece que el Estado tiene la competencia de generar programas, proyectos y política pública a favor de ciertos grupos o colectivos, en especial medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real.
Sin embargo, en el veto se amplían esos derechos, al estipular que se generarán programas y proyectos, como becas y apoyo económico para garantizar el derecho de las niñas, adolescentes, madres adolescentes, dependientes de víctimas de femicidios y mujeres, a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y culminación de sus estudios en todos los niveles y modalidades de educación.
Artículo 25, literal r
El Ejecutivo también objetó el artículo 25 literal r, que sostiene que nadie podrá ser discriminado por su pasado judicial, es decir, no se puede hablar de femicidas, por esa razón la propuesta dice que se promueva que las instituciones públicas y particulares de educación superior, incorporen en el ámbito de la investigación, estudios respecto del comportamiento de personas que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada por femicidio en el Ecuador, para la elaboración de políticas públicas de prevención de violencia contra las mujeres, en coordinación con el ente rector del sistema.
Texto más claro
También se pide clarificar la labor que debe realizar el Ministerio de Salud con la Fiscalía General del Estado y considerar que el Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, coordinará, planificará, organizará y ejecutará acciones integrales y complementarias para vincular a todos los poderes políticos y hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Desde la llegada de la objeción parcial del Ejecutivo, la Asamblea tiene 30 días para ratificarse en el texto aprobado por el Parlamento o allanarse al veto de presidencial.
MC/pv
