La Comisión Ocasional que estudia el proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar de la Violencia contra las Mujeres conoció y resolvió el veto parcial del Ejecutivo, que observó veinte artículos, dos considerandos y ocho disposiciones reformatorias. La mayoría de los cambios que pidió son de forma.
De hecho, en el análisis que realizaron los asambleístas, consideraron que los textos recomendados mejoran la redacción del documento o los complementa y decidieron allanarse a la mayoría de las observaciones.
No obstante, una de las observaciones que mayor debate generó es sobre el artículo dos. Este hace referencia a la finalidad del proyecto, que es la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la transformación de patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia.
En esta última medida tuvo reparos el Régimen. En el documento hace referencia a la definición que hace el Código Integral Penal (Coip) a la reparación integral y, a renglón seguido, indica que se debe eliminar esa palabra y ser reemplazada por la responsabilidad que tiene el Estado de brindar servicios y programas para las víctimas de violencia.
El equipo asesor, que realizó un estudio comparativo entre la propuesta del Ejecutivo y el texto aprobado por la Asamblea, explicó que el proyecto se circunscribe en el marco legal de los derechos humanos y si se basa únicamente en el COIP resultaría restrictivo. Los asambleístas decidieron ratificarse en el texto original, es decir, en el derecho a la reparación.
Tampoco dieron paso a la sugerencia del Ejecutivo para cambiar el artículo 5. El Pleno aprobó que es obligación del Estado promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y estableció que estas obligaciones deben constar en el Plan Nacional de Desarrollo, así como los otros de ámbito regional y local. Los mismos se garantizarán a través de un plan de acción específico incluido en el presupuesto del Estado.
En el veto, el Ejecutivo argumenta que la propuesta contraviene la Constitución, porque esta prohíbe la creación de preasignaciones presupuestarias distintas de las destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados y a los sectores como salud y educación. Sin embargo, los legisladores se ratificaron en su texto señalando que no se ha incluido ningún porcentaje y que lo que busca este artículo es que la Ley no se quede en el papel.
En cambio, uno de los temas importantes que se allanaron tiene que ver con una de las atribuciones del ente rector de salud, referente al acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación a las mujeres con aborto en curso. En el proyecto aprobado por la Asamblea se determina que se brindará atención integral en los casos establecidos en el artículo 150 del COIP.
Pero, para la Función Ejecutiva este último planteamiento “no es compatible con el espíritu de la ley y carece de lógica citar el Código Orgánico Integral Penal que se limita a cuestiones punibles”.
Lo importante, según el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, es ratificar el objetivo del proyecto que es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, en toda su diversidad, en los ámbitos público y privado.
En vista que la Comisión se allanó en algunos temas y se ratificó en otros, se propondrá que la votación sea en dos bloques.
LILA/pv
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