Es un tema sensible; nos compete a todos; una ley sin presupuesto no sirve de nada; es un tema de derechos humanos, fueron algunas de las frases dichas durante el análisis del veto del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en donde la recomendación general fue allanarse a la propuesta presidencial que tiene que ver con las objeciones de forma, pero no las de fondo.
La reparación integral fue uno de los temas más discutidos, pues según los legisladores que intervinieron en el Pleno, se pueden restringir derechos. Lo dijo Mónica Alemán, cuando aseguró que el proyecto no es de naturaleza penal, sino de derechos humanos. Hizo referencia, al igual que la legisladora Marcela Aguiñaga, a que no era posible incluir en el veto materias que no se contemplaron en el proyecto ni fueron objeto de debate en la Asamblea.
Tanto Alemán como Aguiñaga sostuvieron que no se puede eliminar la reparación integral, pues es uno de los ejes del proyecto. Además, sugieren que la protección de la mujer debe contemplarse en el Plan Nacional de Desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. También descartan que con el texto aprobado por la Asamblea se genere una preasignación presupuestaria. En realidad, este busca que los planes tengan el financiamiento necesario y se priorice la ubicación de recursos para atender a las mujeres.
Financiamiento
Dallyana Passalaigue sugirió ratificarse en lo que tiene que ver con la reparación integral de las víctimas, pues según dijo, el Estado debe asumir su rol. “Una ley sin presupuesto no sirve de nada, por lo que se establece un plan de acción específico que se disfraza en la objeción de preasignación”, recalcó y aseguró que al eliminar el Plan de Acción Específico se afectaría a los municipios que no tienen los recursos suficientes. Por ello, la bancada del Cambio Positivo se abstendrá en el allanamiento y votará a favor de las ratificaciones.
Marcela Holguín y Esteban Albornoz también hablaron de la reparación integral y del registro único de violencia contra las mujeres. Aseguraron que estos son avances de la ley para tener datos y cifras que muestren cómo viven las mujeres en el país y descifren las medidas que podrían adoptarse. “Si queremos demostrar que nuestro compromiso para erradicar la violencia contra la mujer es real, no podemos quedarnos callados”, dijo Marcela Holguín en su intervención, en la que se solidarizó con la legisladora Verónica Arias por el ataque sufrido a través de redes sociales en las últimas semanas.
Roberta Zambrano se refirió a la objeción al artículo 54 del proyecto, en donde se sugiere que adicionalmente a las juntas cantonales de protección de derechos se incluya a las tenencias políticas, lo cual ve como positivo por el gran número que existen en el país.
Mientras, Soledad Buendía aseguró que no se trata de un problema que requiere solo de leyes, sino de un trabajo articulado entre todos. Insistió en la necesidad de tener políticas públicas, trabajar en los medios de comunicación y cambiar los patrones culturales machistas, por lo que al igual que Aguiñaga y Alemán, sugirió ratificarse en el texto que aprobó la Asamblea.
MC/pv
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