La Comisión de Biodiversidad se reunirá este miércoles, a partir de las 08h00, con el fin de revisar y analizar las propuestas enviadas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), sobre el proyecto de Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Johanna Cedeño, presidenta del organismo legislativo, recordó que la Constitución establece como formas de organización territorial interna las regiones, provincias, distritos metropolitanos, cantones, parroquias rurales y circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, las mismas que disponen de sus correspondientes gobiernos descentralizados autónomos: consejos regionales, consejos provinciales, concejos metropolitanos, concejos municipales, juntas parroquiales rurales y las que corresponda a las circunscripciones, con autonomía política, administrativa y financiera.
Además, prevé que “se constituya una circunscripción territorial especial, regida por una ley que garantice planificación integral, participativa e innovadora, considerando la importancia que revisten los ecosistemas ubicados en el territorio de las provincias amazónicas para el equilibrio ambiental del planeta”, agregó.
Es así como, “a través de esta ley, las provincias amazónicas constituyen una circunscripción territorial especial, con su propio y específico sistema de planificación territorializado y diferenciado, que permite la construcción participativa de un Plan Integral para la Amazonía, para alcanzar metas estratégicas como la erradicación de la pobreza, el cambio de la matriz productiva y la sustentabilidad de la circunscripción”, explicó la presidenta del ente.
En este sentido, continuó, el reto es alcanzar un desarrollo territorial pertinente y sustentable, a través del impulso de la conservación de su biodiversidad, el mejoramiento de las condiciones de vida de su población y la diversificación productiva, acorde con sus características propias, en las seis provincias que la integran.
En otro orden, la mesa legislativa avocará conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa que calificó a trámite el proyecto de reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos.
La legisladora Brenda Flor, autora de la propuesta, argumentó que la ley actual no prevé principios de seguridad y certeza jurídica para las inversiones futuras y las ya realizadas en el Archipiélago, lo cual resulta necesario si se requiere pasar a un modelo de desarrollo sostenible.
El proyecto tiene 50 artículos, dos disposiciones generales, siete transitorias, dos reformatorias y una final.
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