Parlamentarios de distintas agrupaciones políticas mencionaron que por mandato de la consulta popular del pasado 4 de febrero, la Asamblea Nacional viabilizará el pronunciamiento popular a las preguntas 3 y 6, referentes a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y la derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía.
El legislador Guillermo Celi indicó que la Asamblea Nacional derogará la Ley de Plusvalía, una vez que el presidente de la República, Lenín Moreno, envíe el proyecto en el plazo de 15 días, luego de la proclamación de los resultados. A su criterio, en remplazo de esta ley se debería plantear una nueva normativa orientada a impulsar e incentivar el sector de la construcción, que es muy importante para la generación de empleo.
La legisladora Lourdes Cuesta coincidió con Guillermo Celi en el sentido de que la Asamblea Nacional, con diligencia, derogará esta Ley. Para ello debe actuar con celeridad en la conformación de la comisión ocasional.
En cambio, el parlamentario Luis Fernando Torres manifestó que no es necesario que la Legislatura intervenga para que entren en vigencia las reformas aprobadas por el pueblo en las urnas, mismas que deben ir directamente al Registro Oficial.
Así mismo, expresó que para la integración del Consejo de Participación Ciudadana y de Transición esperarán que el Ejecutivo remita las ternas respectivas.
El legislador aclaró que para la integración del Consejo de Participación Ciudadana definitivo se requeriría de una reforma legal para que, cuando esa elección se produzca y el pueblo vote, esté claro de cuál es el método de elección y las condiciones en que se presentan los candidatos, tema que se tratará posteriormente.
Juicio a Carlos Ochoa
Al referirse al juicio político a Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación, los legisladores Daniel Mendoza, María de Lourdes Cuesta, Eliseo Azuero, Luis Fernando Torres y Jorge Yunda consideraron que se enmarca en las funciones y competencias de la Asamblea Nacional relacionadas con fiscalización.
Cuesta indicó que el pedido cumple los requisitos de ley. Por tanto, Carlos Ochoa tiene que rendir cuentas a los ciudadanos ante el Pleno de la Asamblea.
Mientras, Luis Fernando Torres señaló que el juicio al superintendente de Comunicación no solo será para que responda por las infracciones legales cometidas, sino también para que Ecuador conozca que “se levantó un monstruo burocrático que acallaba a la prensa libre y sancionaba, sin respetar el debido proceso, a periodistas, comunicadores y a los propios medios de comunicación”.
Daniel Mendoza precisó que el juicio a Ochoa es necesario por el irrespeto a la libertad de expresión. Espera que el tema llegue a la Comisión de Fiscalización para dar trámite y que la justicia prevalezca.
Por su parte, el asambleísta Eliseo Azuero consideró que este juicio político develará hechos que pueden generar el enjuiciamiento penal del funcionario. Para ello, es fundamental que el Fiscal actúe con diligencia, al considerar que la Contraloría determinó el uso de recursos de forma indebida.
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