La Comisión Ocasional para la Aplicación de la Consulta Popular 2018, instaló la sesión 9 en la ciudad de Cuenca, a la cual acudieron múltiples organizaciones, colectivos, gente de la academia, profesionales, jóvenes y comerciantes. El criterio unánime es que el Consejo tenga autonomía de gestión, sea transparente y que representantes de los movimientos sociales y migrantes tengan activa presencia.
El asambleísta Daniel Mendoza, presidente de la mesa, ratificó el compromiso de cumplir estrictamente el mandato popular del pasado 04 de febrero, tras indicar, que hay un criterio mayoritario, en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral pueda revisar los requisitos para los candidatos al Consejo de Participación, pero que no comparte la implementación de un concurso de oposición y méritos.
Anunció, que el informe borrador del proyecto para allanar el camino para el proceso de selección de los miembros del Consejo de Participación definitivo, se consensuaría hoy, y mañana lo aprobarían para inmediatamente ponerlo a consideración de la Asamblea.
Propuestas ciudadanas
Para María Villacís, titular de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), es fundamental que el Consejo de Participación sea totalmente transparente en su accionar y que el título profesional no limite la real presencia de gente de base, entre ellos, los trabajadores.
Víctor Manuel Alemán, de los profesionales independientes, respaldó la derogatoria de la Ley de Plusvalía, argumentando que generó caos y desocupación en el sector de la construcción.
Mientras Piedad Soto, presidenta de la Federación de Artesanos del Azuay, compartió que los miembros del Consejo sean resultado de una elección directa, en escrutinios públicos y se integre con personas capaces, de conducta intachable. Sugirió que los nombres de los candidatos se publiquen en todos los medios de comunicación del país, a fin de conocer su trayectoria y abrir espacios para la impugnación.
La Federación de Organizaciones Sociales del Sur, a través de Juan Carlos Banda, sugirió que la academia, profesionales con título de tercer nivel, ciudadanos formados en la dirigencia barrial, jóvenes y organizaciones sociales estén en el Consejo.
María Camposano, de la Fundación de Migrantes, manifestó la necesidad de tomar en cuenta a la población migrante, dado su aporte significativo al desarrollo del país.
Diego Andrade, del Movimiento Resistencia y Democracia, planteó que dentro de los requisitos para integrar el Consejo de Participación, los postulantes durante los últimos cinco años, no deben haber realizado o intervenido en actividad política, además que no hayan tenido cargo jerárquico en el sector público, no tener sentencia ejecutoriada y contar con el respaldo de por lo menos, tres organizaciones sociales.
La ciudadanía también coincidió en frenar toda posibilidad de que en el organismo aparezcan personas que tienen o han tenido vinculación directa con los distintos niveles de gobierno, especialmente en el Ejecutivo.
MG/pv
