La revisión y análisis del articulado de reformas al proyecto de Ley de Régimen Especial de Galápagos, presentado por la legisladora Brenda Flor Gil, prosigue en la Comisión de Biodiversidad, según informó la presidenta de este organismo legislativo, Johanna Cedeño. La sesión está convocada para las 08:00, de este miércoles.
La legisladora Brenda Flor explicó que la propuesta aclara el enfoque de la normativa con respecto al marco constitucional, a fin de asegurar el bienestar de la población, al encontrar un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
Dijo que para estructurar el proyecto se realizaron mesas de diálogo en todas las islas que conforman la provincia de Galápagos, es decir, hubo un trabajo inclusivo y participativo con diversos actores. Se trabajó con 118 organizaciones, de ellas 24 son de Isabela, 37 de San Cristóbal y 57 de Santa Cruz.
Brenda Flor mencionó que el proyecto tiene cinco ejes: defensa y vigilancia de las áreas protegidas de Galápagos; derecho de acceso preferente para los residentes permanentes, régimen migratorio, régimen de inversión, y, políticas públicas especiales para la provincia.
La ley actual no prevé principios de seguridad y certeza jurídica para las inversiones futuras y las ya realizadas en el Archipiélago. Esto resulta necesario si se quiere pasar a un modelo de desarrollo sostenible donde es ineludible la incorporación de tecnologías eficientes en los diferentes sectores productivos de las islas, pero reforzando las condiciones de acceso preferente a favor de los residentes permanentes, agregó.
La legisladora precisó que la ausencia de una correcta instrumentalización de acciones afirmativas, así como las incongruencias dentro del régimen de migración y residencia generan dificultades en el control del crecimiento demográfico en la provincia y en prevenir nuevos asentamientos humanos por parte de las autoridades competentes. Esto resulta insostenible para la conservación y desarrollo sustentable del Archipiélago, subrayó.
El parlamentario Yofre Poma, vicepresidente de la comisión, sostuvo que es necesario proteger el Archipiélago de Galápagos, todo su patrimonio y estructurar una ley en función de las necesidades de sus habitantes y cuidando la biodiversidad.
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