En la sesión 505 del Pleno, parlamentarios de diversas bancadas legislativas resaltaron que las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son fruto de la voluntad del pueblo y que el informe preparado por la comisión especializada recoge las sugerencias planteadas durante el primer debate y las propuestas recogidas en territorio.
Resaltaron que es coherente que quien quiera participar en este proceso lo haga sin concurso previo, que el Consejo Nacional Electoral revise el cumplimiento de requisitos más no que se encargue de calificarlos.
Vicente Taiano dijo que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Consulta 2018 respetó el mandato popular del 4 de febrero, por ello, en el informe se determinaron elementos básicos para quienes quieran participar como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que la elección sea mediante sufragio universal, directo y secreto.
Mencionó que la normativa establece que los consejeros estarán cuatro años en funciones y precisa las prohibiciones, como por ejemplo que ninguna organización política pueda postular candidatos; que una vez que concluyan sus funciones no puedan participar como candidatos en la inmediata elección seccional, o subsiguiente elección presidencial o de asambleístas.
Patricio Donoso indicó que es necesario conocer las funciones del Consejo Nacional Electoral. No comparte que este organismo dicte el reglamento para revisar la postulación de ecuatorianos residentes en el exterior. Sugirió determinar un mecanismo para que en la papeleta se establezca el orden de los candidatos, si se lo hace en orden alfabético o cómo.
De su lado, la legisladora Silvia Salgado expresó que es clave realizar una valoración mínima, necesaria, comparativa para que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana se dedique a combatir la corrupción, trabajar por la transparencia y promover la efectiva participación ciudadana. El interés nacional es más importante que las visiones particulares, por ello, se debe realizar la verificación de requisitos junto a las inhabilidades y prohibiciones, subrayó. También es partidaria de establecer un mecanismo para conocer a ciencia cierta quien va primero en la papeleta.
Guillermo Celi consideró de gran importancia determinar que quien fue consejero no pueda participar como candidato a las elecciones inmediatas seccionales, presidenciales y de asambleístas. Ahora tenemos que consolidar una ley que permita que quien sea electo a este consejo actué de forma independiente de los poderes del Estado, precisó.
En cambio, la legisladora Leslie Cevallos no está de acuerdo que se incluya el 0.10 % del padrón electoral para la recolección de firmas como requisito para la inscripción de candidaturas, ya que ello evitará la participación de los jóvenes, que constituyen alrededor del 30 % de la población.
Wilma Andrade reflexionó sobre el tema de dividir al país en distritos, argumentando que genera muchas complejidades. Pidió que pueblos y nacionalidades y migrantes tengan representación. Formuló un llamado para revisar la actuación de las veedurías, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.
Roberto Gómez alertó que si las elecciones se hacen por regiones quedará fuera la población migrante. Por ello planteó que se retire del proyecto el tema de regiones, pues no se puede aprobar una ley sin conocer cómo están conformadas, con el agravante de que los migrantes solo podrán votar por autoridades nacionales o sus asambleístas.
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