En cumplimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión de Justicia avocó conocimiento del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y declaró prioritario su tratamiento, independientemente de las múltiples reformas al Código Integral Penal.
El legislador Luis Fernando Torres mencionó que el consejo, del cual es miembro, decidió que la propuesta tenga un tratamiento prioritario. Puntualizó que en la reunión con los coordinadores de las bancadas, entre otras cosas, se acordó que las comisiones privilegien reformas puntuales sin esperar sacar informes de códigos completos.
Dijo que hay un evidente problema en la Comisión de Justicia pues mientras ingresan más propuestas de cambios no podrá sacar un texto final de cambios al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, lo pertinente sería aprobar por paquetes las reformas penales. El proyecto de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana contribuye a la lucha contra la delincuencia y para proteger a los ciudadanos, enfatizó.
También está la preocupación de las multas por exceso de velocidad, los fotorradares, especialmente en Tungurahua y el centro del país y otros puntos de impacto social que bien pueden tramitarse separadamente del Código Penal.
La asambleísta Marcela Aguiñaga, presidenta de la mesa, sostuvo que actualmente la disposición del CAL obliga a tratar las diferentes propuestas penales en conjunto, que hoy bordean las 60, por lo que sugirió definir una fecha tope para la entrega de propuestas, lo que permitirá elaborar un informe para primer debate y las nuevas reformas tendrían un análisis posterior.
Henry Cucalón manifestó que el proyecto de Ley de Seguridad cuenta con 82 firmas de respaldo y el CAL dispuso que su trámite sea prioritario y separado de las enmiendas al Código Penal. Eso hay que dar fiel cumplimiento, subrayó.
Franklin Samaniego, vicepresidente de la mesa, expresó que la comisión tiene que dar respuesta al procedimiento expedito para temas de violencia en el marco de todos los grupos de atención prioritaria. También merece atención especial el caso de violencia intrafamilliar, la adulteración de medicamentos que entran en el plano de delitos contra la vida y salud de las personas, concluyó.
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