La Comisión de Justicia recibió el aporte de los doctores Pablo Encalada y María Luisa Bossano, catedráticos de Derecho Penal de las universidades Andina y SEK, respectivamente. Coincidieron en que la propuesta debería tramitarse como una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y no de manera independiente.
Pablo Encalada destacó el esfuerzo de la Asamblea Nacional de compilar en un solo cuerpo todas las normas penales, de lo que los ecuatorianos nos podemos sentir orgullosos. Por tanto, hoy plantear que haya otras normas penales en otros cuerpos normativos entra en contradicción del derecho penal en Ecuador, aseguró.
Se mostró contrario a la imposibilidad de aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, pues en nuestro país no tenemos el problema actual de que los supuestos delincuentes entren y salgan de las cárceles, en una especie de puerta giratoria, sino al contrario están absolutamente pobladas, existiendo un 40% de hacinamiento.
El Estado asumió y ratificó compromisos internacionales en esta materia, subrayó, al precisar que la propuesta de volver a la detención en firme, sin tomar una resolución de la Corte Constitucional, contradice el artículo 77 de la Constitución.
En tanto, María Luisa Bossano invocó a profundizar el estudio de todos y cada uno de los artículos de la propuesta para evitar vicios de ilegalidad. A su criterio, la idea de aumentar las penas no atenúa las consecuencias de semejante daño en las víctimas y sus familias.
Argumentó, también, que la pena en caso de abuso sexual para el autor es de 2 a 6 meses, mientras se pretende imponer una sanción con prisión de 5 años para los rectores y autoridades de planteles que no denuncien posibles abusos sexuales en contra de menores, lo cual no guarda coherencia con la técnica jurídica.
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