Los funcionarios que hayan sido sentenciados por actos de corrupción recibirán castigo. Tendrán una muerte política, es decir, no podrán ser candidatos, ni podrán ejercer su derecho a elegir. Tampoco podrán ejercer un cargo público, ni podrán contratar con el Estado.
Esta disposición consta en el proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, que la Asamblea trata en primer debate.
También establece que para iniciar un proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito no se requerirá el informe previo de la Contraloría. Ese documento, sin embargo, será requisito en la audiencia preparatoria de juicio.
A través de la norma se garantiza la protección, acompañamiento y asistencia jurídica a los ciudadanos que presenten denuncias por actos de corrupción. La Constitución de la República determina que uno de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas es fiscalizar los actos del poder público.
LILA/pv
