La Comisión del Derecho a la Salud analizó el tema de la responsabilidad profesional, la mala práctica y la determinación de responsabilidad en sede administrativa, aspectos que se incluyeron en el proyecto del Código de la Salud.
William Garzón, presidente de esta mesa legislativa, se refirió a la importancia de la responsabilidad profesional y destacó la vigencia de la norma constitucional que resguarda y protege a los ciudadanos y pacientes, misma que constituye un mandato para los legisladores.
Explicó que la norma constitucional también establece que la responsabilidad administrativa en materia profesional está vinculada con la administración pública, a la vez que recordó que la responsabilidad profesional también se aborda en el Código Orgánico Integral Penal.
Sostuvo que la entidad que administre el sector salud debe conocer los casos que hayan afectado en forma grave a las personas, así como investigar y sancionar la práctica ilegal comprobada, negligencia evidente, que se haya comprobado impericia, imprudencia e inobservancia en el ejercicio de la profesión.
El parlamentario Garzón explicó que el tema de la responsabilidad social de los profesionales forma parte del proyecto del Código de la Salud, en el marco del Sistema Nacional de Salud.
Durante el conversatorio sobre el avance del Código de la Salud, el Presidente de la Comisión, recibió al médico Carlos López, quien fuera detenido por 38 días por el caso de una ciudadana francesa que falleció producto de heridas graves por un asalto. Luego de ello fue acusado de no haberle brindado atención adecuada y oportuna, factor que habría causado su muerte, según los demandantes.
López manifestó que quien se prepara para salvar vidas difícilmente desea la muerte de un paciente; cuestionó al sistema jurídico vigente que criminaliza a quienes ejercen la profesión de salud y expresó que su caso fue manipulado políticamente por quienes no tenían ni la experiencia ni el conocimiento médico.
Manifestó que el tema médico es muy técnico y sugirió tener mucho cuidado en criminalizar esta profesión. Consideró que estos espacios de discusión son vitales para mejorar las políticas médicas, factores que benefician tanto a pacientes como a los galenos.
Angel Sinmaleza, asambleísta de la provincia de Bolívar y miembro de la Comisión del Derecho a la Salud, expresó que han recogido sugerencias de todos los interesados en este nuevo esquema legal.
Reiteró que a pesar que preparan ya el informe para segundo debate continúan recibiendo observaciones, en el afán de superar los nudos críticos como la defensa profesional y la mala práctica.
RD/pv
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