A fin de fortalecer la capacidad institucional del Consejo de Gobierno de Galápagos en lo que se refiere a la atribución de coordinación interinstitucional necesaria para una adecuada formulación y ejecución de las políticas públicas, se propone incorporar dos competencias adicionales a este organismo, con el objeto de que se coordine con las Fuerzas Armadas y la Policía el control, vigilancia y resguardo de la jurisdicción insular y del mar territorial.
Además, se plantea que las instituciones que operan en el régimen especial, promuevan e incentiven, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales y demás entidades públicas y privadas, el fomento, uso y aprovechamiento de materiales de construcción sostenible.
Sobre este particular, la legisladora Brenda Flor sugirió la necesidad de conocer los criterios del Ministerio del Ambiente y de Dirección Regional de Espacios Acuáticos Insulares - Galápagos.
En el análisis del articulado, los parlamentarios analizaron el régimen especial de la provincia de Galápagos, que constituye la forma de gobierno y administración del territorio insular, dotado de autonomía política, administrativa y financiera, que es ejercida por el Consejo de Gobierno, constituida por razones de conservación y características ambientales particulares, para la protección de sus sistemas ecológicos y biodiversidad.
También, su desarrollo sustentable, el manejo integrado entre sus zonas pobladas y áreas protegidas, la obtención del equilibrio en la movilidad y residencia de sus visitantes y residentes; y, el acceso preferente de estos a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente sostenibles, generando acciones que vinculen un desarrollo socioeconómico con base en la naturaleza, garantizando la participación ciudadana y el control social en los términos previstos en la Constitución y la ley.
Los legisladores Luis Fernando Suárez, Fredy Alarcón, Henry Moreno y Carlos Viteri coincidieron que Galápagos es un territorio especial que no puede estar apartado de la estructura política del Estado, por ello, consideraron que la autonomía política que se determina en el articulado debe estar amparada en lo que prevé el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad.
En esta normativa se determina que la autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad, las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales, la elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto y el ejercicio de la participación ciudadana.
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