Para dar solución a la inseguridad que atraviesan los pescadores artesanales del país por parte de delincuentes, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 106 votos, aprobó un exhorto el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, para que, a través de varios ministerios, destine recursos humanos y económicos suficientes para que -en conjunto- enfrentar esta grave situación.
Además, el texto rechaza todo acto de violencia que atente contra el derecho a la inviolabilidad de la vida de las personas, sus bienes y la seguridad del sector pesquero artesanal en los espacios marítimos y jurisdiccionales del Ecuador y, a la vez, prevé generar y procesar acciones legislativas para la actualización del marco normativo que permita garantizar los derechos de este sector.
Se solicita al Presidente de la República que, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, disponga al Ministro de Defensa Nacional, a través de la Fuerza Naval; y al Ministro del Interior, a través de la Policía Nacional, realicen las gestiones que a cada cartera le corresponda y destinen los recursos humanos y económicos necesarios y suficientes, para que en conjunto, y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, se pueda enfrentar la grave situación de inseguridad que atraviesan los pescadores de todo el país frente al accionar de contumaces y avezados delincuentes, quienes los asaltan, despojan sus motores, embarcaciones, material de trabajo e incluso atentan contra sus vidas.
También, se exhorta a las instituciones a cargo de la investigación preprocesal y procesal penal, Fiscalía General del Estado y Policía Nacional, como órgano auxiliar, a reforzar y dar celeridad a las acciones investigativas que permitan el esclarecimiento de la verdad, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales, intelectuales de los hechos relacionados con los delitos cometidos en contra de todo el sector pesquero artesanal, fundamentalmente, frente al asesinato, robo y desaparición de varios pescadores.
Así mismo, se insta al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Acuacultura y Pesca, a retomar el seguro pesquero, mismo que deberá dar cobertura a embarcaciones, motores fuera de borda, artes de pesca y demás implementos utilizados en las faenas de pesca.
El asambleísta Carlos Cambala, autor de esta iniciativa, indicó que los pescadores de la provincia de Santa Elena son víctimas de la delincuencia, por ello, propuso que se declare en alerta máxima la seguridad marítima, se establezcan controles y se implanten chips en los motores para dar con el paradero cuando se producen los asaltos; que se actualice la Ley de Pesca y se incorpore la protección para los pescadores artesanales.
La pesca es la principal fuente de ingresos para muchas familias de escasos recursos, precisó. Basta de la delincuencia organizada en alta mar. La lucha del pescador, es la lucha de todo un pueblo, enfatizó, Cambala.
Ramón González Suárez, represente del sector artesanal pesquero, quien fue recibido en comisión general, subrayó que durante 20 años sufren el embate de piratas del mar, quienes se llevan el fruto de la faena de pesca, así como sus motores y embarcaciones, razón por la cual en este sector existe temor para realizar lo que ancestralmente han hecho.
Dijo que los pescadores artesanales apoyan en la soberanía alimentaria para la provincia de Santa Elena, Ecuador y a nivel internacional, por lo que solicitó al Estado realice acciones para protegerlos y propuso incrementar dos centavos adicionales a la gasolina artesanal, valor que será destinado a la seguridad de este sector; que se actualice la Ley de Pesca y se permita el cambio de la flota artesanal por uno que tenga motor estacionario. Para ello, demandó líneas de crédito con intereses blandos y a largo plazo.
En el debate, la legisladora Liuba Cuesta mencionó que para combatir la inseguridad en alta mar se debe establecer el rastreo satelital para garantizar la vida de los pescadores y su producción, además de crear un registro único para conocer quiénes trabajan en el mar, mientras Jimmy Candel recordó que en el país existen 60 mil pescadores formalizados, de los cuales el 20 % desarrolla esta actividad en Santa Elena, con 25 mil embarcaciones.
Noralma Zambrano, subrayó que es grave y constante el robo de motores y embarcaciones, hecho que afecta la situación económica de los trabajadores. A la vez, Roberta Zambrano indicó que en los últimos nueve años se registran 1.100 motores y 300 embarcaciones robadas.
Rina Campain dijo que el robo en alta mar genera pérdidas económicas para el sector pesquero artesanal, que no puede honrar sus deudas, por ello, propuso que el Ministerio de Acuacultura retome el seguro pesquero. Liliana Durán exhortó al gobierno para que destine recursos humanos y económicos para ayudar a superar los problemas de los pescadores y turistas.
René Yandún indicó que es necesario actualizar el Código de Protección Marítima que data de 1990, así como la Ley de Pesca, para dar protección a este sector. Patricia Henríquez dijo que la inseguridad en el mar es un grave problema que debe ser solucionado oportunamente.
Al finalizar el debate, se otorgó un minuto de silencio en homenaje póstumo a quienes fallecieron en alta mar.
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