A fin de proseguir el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, invitó a Patricio Alarcón, de la Cámara de Comercio de Quito, Natalia Almeida, directora Ejecutiva de la Empresa Alianza para el Emprendimiento e Innovación, así como a Carlos Andretta, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Senae; Marisol Andrade, del Servicio de Rentas Internas y Guillermo León, del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
La sesión se realizará a las 11:00, este miércoles 6 de junio. Con esta propuesta se busca reducir los costos de gestión, para facilitar la relación entre los administrados y la administración pública, así como garantizar el derecho de las personas a contar con una administración pública eficiente, eficaz, transparente y de calidad.
Pabel Muñoz explicó que se propone crear el sistema de compensación fiscal como un instrumento que permite saldar o extinguir, de forma total o parcial, las obligaciones tributarias adeudadas a la administración pública central, sistema que estará a cargo del ente rector de las finanzas públicas, agregó.
A través del proyecto se establece la implementación de un sistema de pagos en línea de los valores relativos a trámites administrativos de todas las entidades reguladas por esta ley. El sistema tendrá por objeto el pago de los valores generados por la gestión de trámites administrativos, mediante transacciones en línea, a través de Internet.
Según el proyecto, el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información tendrá competencia para ejercer la rectoría y emitir políticas, lineamientos, regulaciones y metodologías orientadas a la simplificación, optimización y eficiencia de los trámites administrativos, así como a reducir la complejidad administrativa y los costos relacionados con dichos trámites.
Precisa que las entidades reguladas por esta ley no podrán requerir copias de cédula, de certificado de votación y, en general, copias de cualquier documento que contenga información que repose en las bases de datos que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas.
La simplificación debe estar orientada a suprimir los trámites innecesarios que incrementen el costo operacional de la administración pública, la reducción de los requisitos y exigencias a los administrados.
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