Quienes tengan deudas tributarias, no tributarias y por la prestación de servicios básicos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) también podrían beneficiarse con el proyecto de Fomento Productivo, idea que toma fuerza en la Comisión del Desarrollo Económico, que estudia esta iniciativa legal.
En el proyecto se propone que los GAD, sus empresas, agencias, instituciones y entidades adscritas podrán aplicar la remisión de intereses, multas y recargos en las obligaciones, pero el criterio en la mesa es que no sea opcional. De ahí que plantean que se cambie el término “podrán” por “deberán”.
Con este mismo planteamiento acudió el asambleísta Montgómery Sánchez a la Comisión. Argumentó que si el sacrificio de este perdón fuera solo para las entidades nacionales habría contraposición respecto de los principios de universalidad y generalidad sobre la determinación tributaria.
Según la propuesta del Ejecutivo, la medida podría generar inseguridad en los GAD sobre su aplicación Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, no obstante, si se aclara su alcance, podría ayudar a la liquidez de estos niveles de gobierno.
En su exposición, Sánchez solicitó la remisión del 100% para intereses, multas y recargos de las obligaciones que mantengan personas naturales y jurídicas con Banecuador y con la Corporación Financiera Nacional (CFN), determinadas hasta el 2 de abril de este año, pedido similar al expuso ayer por Israel Avilés, representante de los deudores de la Banca Pública.
En el proyecto ese perdón se aplicará a las obligaciones tributarias y aduaneras, así como para obligaciones patronales con el Seguro Social. En este último caso, se aplicará desde 99% hasta el 50%, según como se acoja el beneficiario. Depende de en qué tiempo va a pagar el capital, mientras más rápido lo haga, más alto será el beneficio.
Aportes de la Bolsa de Valores
La Comisión del Desarrollo Económico recibió lo aportes de la Bolsa de Valores de Quito, a través de su representante, Gilberto Pazmiño. Propuso que para atraer inversión extranjera en el área de activos financieros no les obliguen a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Explicó que esta medida, que complica la legislación, desincentiva a los inversionistas, por lo que prefieren otros países. También, aseveró que otra barrera está relacionada con las medidas tributarias que establecen una exoneración en la retención de la fuente, cuando las inversiones son más de un año. Considera que no debería haber límite de tiempo.
Tampoco está de acuerdo en que el Servicio de Rentas Internas cobre el Impuesto a la Renta en las ganancias netas de las empresas, cuando esos recursos son utilizados para la recapitalización. Asegura que esta entidad interpreta como si se tratara de un dividendo, es decir, recursos que han sido repartidos, por ejemplo, entre accionistas.
La Comisión recibe todos estos aportes y los analizará para incluirlos o no en el informe para primer debate que deberá estar listo este viernes, 8 de junio, pues se trata de un proyecto económico urgente, que tiene plazos específicos para su aprobación.
LILA/eg
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