Con la presencia de representantes de universidades e institutos técnicos de varias provincias del país, la Comisión de Participación Ciudadana, que preside Héctor Yépez, recibió explicaciones de las máximas autoridades nacionales de educación superior acerca de denuncias relacionadas con supuestas irregularidades en los concursos para elegir a docentes, el cierre de institutos técnicos en la provincia Bolívar y las medidas para reabrirlos.
También, respecto del cierre de la Universidad de Loja; irregularidades en cinco obras contratadas por la Universidad de Guayaquil mientras se encontraba en intervención por el Consejo de Educación Superior (CES); en obras contratadas por la Empresa Pública de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de Guayaquil; problemas que tienen los estudiantes para inscribir sus títulos, informes sobre la terminación de mutuo acuerdo del contrato de construcción de extensión de la Universidad Central del Ecuador, en Puerto Ayora, Santa Cruz y sobre políticas públicas de educación superior en Galápagos.
Estas denuncias de la sociedad civil surgieron a raíz de la intervención de Carlos Mora, quien participó como Asambleísta por Un Día y relató que concursos para elegir a docentes en la Universidad Estatal de Guayaquil se llevaron de forma irregular, hecho que suscitó gran interés a nivel nacional.
Catalina Vélez, presidenta del CES, enfatizó que todos los concursos públicos de méritos y oposición de las universidades son de estricta competencia de la autonomía universitaria, incluidas aquellas entidades que estuvieren intervenidas.
En el caso del exprofesor Carlos Mora, explicó que han podido verificar que presentó una denuncia ante el CES, misma que fue tramitada por las anteriores autoridades. La denuncia se archivó porque el ciudadano presentó una acción de protección y, al estar sometida al orden jurisdiccional, corresponde esperar hasta que obtenga la sentencia de los jueces.
Informó que en Bolívar existen siete institutos, entre ellos, el Superior Ángel Polibio Chávez; el Superior Guaranda; 3 de Marzo; San Pablo de Atenas, en proceso de acreditación fuertemente condicionado; San Lorenzo; y, Pedagógico San Miguel de Bolívar (no acreditados), información que procede de los informes de evaluación realizados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces).
Indicó que la Universidad Nacional de Loja no ha sido cerrada, sino intervenida desde 2015, por las graves irregularidades que presentó, causales que no han sido resueltas y que tienen que ver con la afección al fin de lucro; inobservancia a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y al propio Estatuto; violación al principio de gratuidad; falta de registro en carreras y programas; e, inexistencia de cogobierno, entre otras.
"Todos los planteamientos mencionados serán respondidos de la manera más objetiva y rigurosa. Tenemos toda la disponibilidad para responder sus inquietudes de forma transparente y veraz", aseguró.
De su lado, Gabriel Galarza, presidente del Ceaaces, habló de la pedagogía de educación superior que se está utilizando, la cultura de calidad y a los procesos de evaluación que se manejan actualmente. Adrián Bonilla, secretario subrogante de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) explicó la situación de Galápagos en términos de educación superior, en torno a opciones de estudio, demanda profesional, coherencia educativa con las necesidades de la región y las posibilidades de desarrollo".
Por último, Fernando Sempértegui, rector de Universidad Central del Ecuador se refirió a la situación de la sede de esta Universidad en Galápagos, sobre la cual estableció la necesidad de contar con un presupuesto parcial para desarrollar la infraestructura básica que permita fortalecer la educación superior en la región.
Participación Ciudadana
Mientras, Yolanda Albán, a nombre de los Institutos Técnicos y Tecnológicos Particulares del Ecuador, rectora de Universetec, se mostró partidaria que se dé un veto parcial a las reformas a la Ley de Educación Superior, específicamente al artículo que da total apertura a las universidades para abrir en su oferta el nivel técnico y tecnológico, mismo que perjudica a los institutos que mantienen estas categorías. “Los institutos despareceríamos totalmente si toda la oferta académica superior está en manos de la universidad”, enfatizó.
Para Mariela Gaybor, de la Universidad Estatal de Bolívar, preocupa la falta de oferta académica en Ingeniería de Riesgo de Desastre, que no fue aprobada, pese a contar con el informe técnico de evaluación de cumplimiento satisfactorio. Reiteró que se ha cumplido con la normativa y leyes vigentes, así como con las recomendaciones y requisitos pertinentes.
Lourdes Herrera, representante del Instituto Tecnológico de San Lorenzo de Bolívar reclamó porque a este importante centro de música no se le facilitaron los implementos para continuar con su desarrollo, obteniendo una baja calificación en su evaluación de rendimiento y que continúa en proceso de extinción. Destacó que cuentan con extraordinarios profesionales y, a través de ella, la provincia vibra con su música.
“La educación es sin duda una de las grandes prioridades, en el Ecuador no puede haber desarrollo sin una educación de calidad y desde la Asamblea hay que fiscalizar para que aquello se cumpla”, dijo, el presidente del órgano Legislativo, Héctor Yépez, tras informar que con las respuestas se hará un proceso de fiscalización y seguimiento al tema.
Datos
Las reformas a la Ley de Educación Superior fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, el pasado 15 de mayo.
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