Prosiguiendo con el análisis de las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos, la Comisión de Biodiversidad debatió la necesidad de que las instituciones que presten servicios públicos, dentro de la provincia de Galápagos, formulen e implementen políticas adaptadas al régimen especial, en concordancia con el Plan de Desarrollo Sustentable y el Ordenamiento del Régimen Especial de Galápagos.
Se precisó que para la implementación eficiente de las políticas públicas del Régimen Especial y la garantía del ejercicio pleno de los derechos de sus residentes permanentes, se fortalecen los procesos de desconcentración y descentralización en Galápagos.
Para tal efecto, la Autoridad Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con el Consejo de Gobierno, deberá presentar la respectiva propuesta en esta materia, en el plazo de 180 días, a partir de la publicación de esta ley.
El legislador Henry Moreno consideró que no se puede hablar de desconcentración con una política pública que afecte a sitios específicos del país, pues se requiere una política de zonificación.
Los parlamentarios también debatieron aspectos relacionados con el residente permanente, condición que constituye un estatus que autoriza a las personas a residir y trabajar de forma permanente en la provincia de Galápagos. Se reconoce dicha categoría dentro del sistema de control migratorio, exclusivamente a las personas cuyo padre o madre sea residente permanente, así como, el o la conviviente de una persona residente permanente, siempre que se encuentren en unión de hecho, al menos por diez años.
Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Biodiversidad, recordó que no se puede quitar el derecho que tiene el nativo de Galápagos, razón por la cual analizarán este tema, a fin de evitar vulneración de derechos de las personas que habitan en el archipiélago. Adelantó que se reconocerá la categoría de nativo.
De su lado, el legislador Fernando Callejas, explicó que la pérdida de la residencia solo se dará para aquellos que ya no vivan en las islas, a excepción de quienes nacieron en la región, mismos que no perderán sus derechos.
El parlamentario Carlos Viteri sostuvo que sí es necesario establecer la diferencia entre un nativo y un residente, que son condiciones y categorías distintas.
Mientras, Juan Pablo Velín, al enfatizar que Galápagos tiene un régimen especial que no se asemeja a ninguna otra provincia, se mostró partidario que la norma incluya un artículo para defender los derechos de los nativos de esta zona del país.
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