Los sentimientos de familiares de desaparecidos son similares: angustia, dolor, incertidumbre, impotencia, expectativa por obtener, algún día, respuestas claras o, por lo menos, encontrar el cadáver para darle cristiana sepultura. La coincidencia es la crítica a la Fiscalía, donde supuestamente los trámites de los procesos de investigación y las acusaciones no tienen la celeridad necesaria.
Confiados en la gestión de la Comisión Ocasional para Atender los Casos de Personas Desaparecidas, este miércoles se presentaron tres nuevos testimonios de ciudadanos cuyos paraderos se desconocen totalmente.
El asambleísta Absalón Campoverde, titular de la mesa, comenta que la mayoría de quejas por parte de familiares se enfoca en la acción de la Fiscalía, donde las denuncias de desaparecidos a cargo de ciudadanos humildes no reciben la debida atención, inclusive se habla de la necesidad de contar con palancas para que un tema de esta naturaleza se agilice. Cuestiona la falta de entrega de información requerida oportunamente, bajo el argumento de que es reservada, entre otras cuestiones administrativas.
Recuerda que, personalmente en 2011, acudió a exponer el caso de su hija y la respuesta fue: “Me dijeron que para darle paso a esta carpeta tiene que tener peso”. Es por ello que, con conocimiento y conciencia de la problemática, la comisión trabaja en dar un seguimiento a cada uno de los casos, que se elimine todo tipo de trabas burocráticas y destrabar en general los procesos, dijo.
Destaca la trascendencia del Registro Único de desaparecidos que manejan la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que está en 1.577, con corte a diciembre 2017, cantidad que subirá en 180 en el primer semestre de 2018, al anunciar que próximamente invitará al Fiscal General para analizar los nudos críticos que impiden el avance de las causas y definir acciones que sean más efectivas.
Testimonios
Un 3 de diciembre 2010, Geovanna Paulina Pérez Constante, de 19 años de edad, conoció por primera y única vez a Andrés L., con quien salió al otro día y, misteriosamente, desde esa fecha no apareció jamás. Yanera Constante, madre de la joven, indica que el muchacho rindió por tres ocasiones su versión y, luego, también desapareció, pero gracias a un identikit, realizado por criminalística de Pichincha, se evidenció en 2014 que había cambiado de rostro, entonces, no está desaparecido sino que huyó. La lucha de la familia es incansable y no entienden por qué la Fiscalía de Tungurahua no formula los cargos contra el supuesto responsable, ya que existen suficientes evidencias.
Manuel Chamba Sarango, de 89 años de edad, el 28 de febrero de 2018, a las 07h00, se ausentó de su residencia en Loja, diciéndole a su hija que iría a visitar a una familia J. y que quizás recorrería una propiedad en Zamora Chinchipe. A pesar del apoyo de la Fiscalía, la Policía, la Intendencia y la oficial que lleva el proceso investigativo, no hay indicio alguno, lo que aumenta la incertidumbre de sus parientes, más aún cuando se trata de un adulto mayor, según cuenta Walter Chamba, hijo del afectado.
Jaqueline Odila Guerrero Falconí, en marzo de 2011, a las 10h00, abandonó la oficina, ubicada en sector norte del exaeropuerto de Quito y desde allí se desconoce su paradero. Su hermano Kléver Guerrero, considera que las las autoridades de justicia no han trabajado con dedicación y bajo parámetros técnicos, pensando en el dolor de los familiares, que están desesperados y con impotencia, sin saber qué más hacer.
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