Dentro del tratamiento del proyecto urgente para el Fomento Productivo, en 14 días de trabajo, la Comisión del Desarrollo Económico recibió 191 observaciones por escrito y a cerca de 30 representantes del sector productivo privado y trabajadores.
Su presidente, Esteban Albornoz, destacó la amplia participación de las áreas públicas y privadas, durante la elaboración de los informes para primer y segundo debates, cuyos criterios y planteamientos permitieron que se profundice en sus ventajas y se mejore el texto. Los documentos recibieron el apoyo unánime de los comisionados presentes.
Para el segundo debate, el informe incluye un 40 % de cambios respecto del proyecto original entregado por el Ejecutivo, el pasado 24 de mayo, con el carácter de urgente en materia económica. Esta condición obliga a que la Asamblea lo tramite en 30 días, que vencen el 23 de junio próximo.
El Consejo de Administración Legislativa lo calificó el 29 de mayo y, al siguiente día, la Comisión avocó conocimiento, determinó la hoja de ruta e inició su estudio.
Estableció un cronograma de trabajo con el cual recibió los argumentos de los ministerios de Economía, Comercio Exterior, Producción, Vivienda y Agricultura, para el primer informe. En cambio, para el segundo, sumó los aportes de las carteras de Hidrocarburos y Minería.
Para la elaboración del primer informe, la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipula un plazo de 10 días. En ese tiempo recibió también a autoridades del Banco Central, Servicio de Rentas Internas, Aduanas, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Superintendencia de Economía Popular, Superintendencia de Compañías, Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope).
En cambio, del sector privado acudieron las cámaras de Comercio de Quito, Guayaquil; así como las cámaras de Agricultura, de Economía Popular y Solidaria, pequeña y mediana empresa, de industrias y producción, nacional de pesquería, de industrias de Manabí.
También fueron recibidas las federaciones de cámaras de industrias, construcción, exportadores, de transporte pesado; productores de bambú; fabricantes de carrocerías; Bolsa de Valores de Quito; deudores de buena fe de la Banca Pública; Frente Unitario de Trabajadores; extrabajadores de Repsol, entre otros actores.
El informe para primer debate se aprobó el 8 de junio y se debatió en el Pleno 12 del mismo mes. En esa oportunidad intervinieron 39 asambleístas.
Para la construcción del informe que será debatido en segunda instancia se sumaron más actores públicos y privados, entre ellos los de la banca pública y productores de cerveza. En total, entre el primer y segundo informes, participaron alrededor de 50 instituciones del sector público y privado.
Asimismo, en los 14 días de estudio, además de los comisionados, participaron 28 parlamentarios pertenecientes a otras mesas legislativas, de diferentes provincias y procedencias políticas.
El proyecto tiene el propósito de fomentar la producción, atraer inversiones, generar empleo y estabilidad fiscal.
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