En la Comisión de Biodiversidad, Grace Unda, gerente de la empresa Copes-Promar, del sector pesquero artesanal de la provincia de Galápagos, recordó que esta es una de las actividades económicas más antiguas del Archipiélago, con lo cual se desarrolló la producción artesanal, industrial o comercial, pero, en la actualidad, se busca desaparecer la actividad pesquera artesanal. Por ello, solicitó se reforme la Ley de Galápagos para considerar a este sector en la toma de decisiones, como parte del Consejo de Gobierno.
Solicitó que en la integración y funcionamiento del Pleno del Consejo de Gobierno, el representante del Presidente de la República sea elegido de una terna de consenso enviada por la sociedad civil organizada.
Precisó que los postulantes deben tener cuarto nivel de estudios, con residencia permanente y domicilio continuo, al menos durante los últimos 10 años, en la provincia de Galápagos, quien tendrá voto dirimente en caso de empate y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo de Gobierno. Tendrá el rango de Ministro de Estado.
Además, sugirió que la autoridad administrativa desconcentrada para la producción pesquera en la provincia de Galápagos esté a cargo del Ministerio de Acuacultura y Pesca. Detalló que la actividad pesquera artesanal en la reserva marina de Galápagos, debe estar sometida al Ministerio del ramo.
Hay que insertar un inciso en el artículo 57 para que se tome en cuenta el acuerdo suscrito entre los pescadores de la provincia de Galápagos y el Ministerio del Ambiente con la zonificación del año 2000, en el cual se definió el área de protección y conservación de las zonas del uso turístico y las destinadas al uso pesquero y de extracción, agregó.
A su vez, solicitó se agregue un artículo que diga que los hijos de los pescadores tienen derecho a obtener el permiso de pesca en la reserva marina de Galápagos. Dicho permiso será otorgado de manera permanente por la autoridad competente, a menos que de forma voluntaria renuncie a realizar esta actividad.
Grace Unda se refirió a la compensación a las limitaciones establecidas en la Constitución por el Régimen Especial de la provincia y señaló la necesidad de incorporar accesos preferentes para otorgar créditos de hasta 300 salarios en la sucursal provincial de BanEcuador de Galápagos, con un período de gracia mínimo de un año y sin intereses a los pescadores para el ejercicio de sus actividades pesqueras artesanales y que se brinde cobertura de seguro estatal para las embarcaciones pesqueras legalmente registradas.
La presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Johanna Cedeño, indicó que en la estructura del borrador de las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos se analizará este tema, más aún cuando lo que se busca es respetar los derechos de los sectores económicos, en este caso, de los pescadores artesanales.
Posteriormente, los parlamentarios prosiguieron con el estudio de las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos. El análisis se centró en la residencia permanente y temporal.
JLVN/eg
