Luis Onofa, del Colectivo Espejo Libertario, en la Comisión de Derechos Colectivos dio sus aportes a Ley de Comunicación. Recordó que la misma se originó por mandato popular en el 2008, a fin de afrontar la histórica desigualdad en el ejercicio del derecho a la comunicación entre los ciudadanos y poderosos grupos económicos nacionales.
Precisó que la Ley de Comunicación es un instrumento indispensable para la concreción del derecho a la comunicación, dispone que los medios respeten la honra y la reputación de las personas, así como su intimidad personal y familiar, prohíbe la censura previa.
Habló de los pilares estratégicos de las reformas a la Ley de Comunicación mismas que necesitan un análisis y debate nacional. Es necesario introducir la mediación, reconocida por la Constitución y la Ley de Arbitraje y Mediación, como recurso de solución de los litigios originados en la aplicación de la ley, puntualizó.
Onofa no está de acuerdo con derogar la ley, porque consagra derechos fundamentales para los ciudadanos y los actores del proceso de comunicación y que cabe su perfeccionamiento mediante reformas que consideren la experiencia de los primeros años de vigencia.
Igualmente, sugirió que continúe el proceso de adjudicación de frecuencias, guiado por el principio de democratización de la comunicación, para lo que las autoridades respectivas cuenten con instrumentos que constan en la propia ley, como la acción afirmativa y trato diferenciado.
También propuso ciudadanizar la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (Cordicom).
Experiencia profesional
En cambio, Jorge Guachamín, Secretario Ejecutivo de Medios Comunitarios, recordó que este sector presentó un proyecto de reformas sobre el libre ejercicio de la comunicación donde conviene reconocer la experiencia profesional y no limitarla.
Coincidio con Onofa en cuanto a ciudadanizar la integración del Cordicom y que se democratice el espectro radioeléctrico, que se apliquen criterios como la desconcentración y no discriminación.
Es necesario garantizar el respeto a las acciones afirmativas para medios de comunicación comunitarios y que las entidades públicas presenten un informe de cumplimiento. La información es un derecho constitucional y un bien público y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un derecho humano y universal que debe ser prestado con responsabilidad y calidad, añadió.
El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, precisó que el trabajo está orientado a garantizar los derechos constitucionales en materia de comunicación.
JLVN/pv
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