La Comisión de Derechos Colectivos sesionó esta tarde. El objetivo fue recibir a diferentes actores, quienes expusieron sus propuestas en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que se analizan en esta mesa legislativa.
Abel Suing, director de la maestría en comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja (Utpl), se refirió a que los medios de comunicación deben mejorar sus contenidos, pues -según dijo- el público que los consume ahora se orienta a las plataformas digitales pagadas. Además, es de la idea de reforzar la parrilla de contenidos de los medios públicos.
Franklin Falconí, docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Cotopaxi, dijo que hay un error desde la concepción de la ley, pues para él no se puede reducir el concepto solo a los medios de comunicación, porque la comunicación no solo es periodismo, ni medios. “No podemos pensar en que aún vivimos en la situación del receptor y emisor, pues las tecnologías hicieron que los receptores también sean buscadores de información y que la produzcan”, aseguró.
Comunicación no es solo periodismo
Falconí cree que no debe existir una ley para regular la actividad periodística como si fuese el único fin. La propuesta es que no se incluyan artículos regulatorios y que se piense en garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, en facilitar la comunicación de los ciudadanos a través de los medios públicos y comunitarios. Plantean que el directorio sea un organismo altamente participativo, que no solo incluya a representantes estatales. Además, plantea que dentro de los medios públicos existan los medios de comunicación institucionales, es decir, no de autoridades, que tengan planes a largo plazo.
Indira Salazar, delegada de la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura en Quito, formuló un análisis desde el organismo al que representa. Ella considera que la asistencia técnica desde la Unesco se basará en principios y estándares internacionales sobre libertad de expresión. Hizo un análisis completo de las siete propuestas de reformas y citó los artículos que, según dijo, no se acogen a los estándares universales de la libertad de expresión. “Las normas éticas no sustituyen a la regulación por ley, pero no pueden ser definidas ni sancionadas por el Estado”, puntualizó.
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