Esta normativa pretende garantizar la libertad de asociación, fortalecer la participación ciudadana, descongestionar la administración pública evitando discrecionalidad y reducir trámites. “Las organizaciones de la sociedad civil deben estar reguladas en la ley, no mediante Decreto Ejecutivo”, dijo Héctor Yépez, presidente de la mesa de trabajo que analiza la propuesta.
Existen opiniones paralelas respecto al proyecto de ley. Sin embargo, durante las intervenciones, quedó claro que el principal objetivo es garantizar la libertad de asociación, pues se trata de evitar la discrecionalidad, además contempla el que las organizaciones sin fines de lucro del extranjero tengan los mismos derechos que las nacionales. Mientras que para sociedades de hecho no se requerirá ser persona jurídica, por lo que se les reconoce su derecho de participar en la vida nacional, mientras no infrinjan la ley ni incurran en delitos.
Otro de los puntos es la eliminación de la distinción entre fundaciones y corporaciones y se adopta una sola definición, que es organizaciones sin fines de lucro.
Menos trámites
Una de las partes fuertes del cuerpo legal es la eliminación de tramitología para crear organizaciones sin fines de lucro. Para hacerlo irán a las notarías, pues tienen cobertura en todo el país, son de fácil acceso y esa información iría directamente a un catastro de organizaciones, que lo manejaría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
También especifican las causales de disolución de una organización sin fin de lucro. Además se establece un régimen de transición en la ley. Quien ya tiene una organización para migrar información deberá pasar un año, con cero trámites.
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