La Asamblea Nacional inició este jueves el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Organizaciones sin Fines de Lucro, que busca regular el ejercicio del derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, conforme lo establece la Constitución de la República.
El proyecto, de iniciativa de los asambleístas Raúl Auquilla y Byron Suquilanda, nace como respuesta a que el país no cuenta con un régimen legal de estas características, que incluya un régimen jurídico especial aplicable a las organizaciones civiles, tales como corporaciones, organizaciones sociales y fundaciones con finalidad social.
Héctor Yépez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, ponente del informe, subrayó que es fundamental que la existencia de estas organizaciones, que responden al ejercicio de los derechos de participación ciudadana y de libre asociación, esté garantizada mediante ley orgánica.
Destacó el trabajo participativo que llevó la comisión, con la presencia de estudiantes, gremios productivos, agricultores, entidades públicas y privadas, incluidas la Corporación Participación Ciudadana y el Observatorio Legislativo.
“Queremos evitar la discrecionalidad, no solo del Ejecutivo, sino de los gobiernos autónomos descentralizados, que muchas veces exceden los límites legales respecto de la gestión de estas entidades sin fines de lucro y queremos que las organizaciones internacionales tengan los mismos derechos que las nacionales”, dijo.
Yépez explicó que se reconoce el derecho a las sociedades de hecho, sin personalidad jurídica, para que puedan participar en asuntos públicos, ejercer el control ciudadano a instituciones del Estado y realizar toda conducta que no esté prohibida por la ley, salvo aquellas actividades para las cuales se exija expresamente contar con personería jurídica.
Añadió que la Comisión decidió eliminar la vieja división entre fundaciones y corporaciones, para lo cual reconoce únicamente la existencia de las organizaciones sin fines de lucro, en general.
Igualmente, se enfatiza en el derecho de las organizaciones a autorregularse mediante el estatuto, lo cual no se trata de un cheque en blanco, sino que impide que las entidades estatales puedan incluir cláusulas o disposiciones que vulneren el derecho de libre asociación.
Se elimina la tramitología, de manera que quien quiera crear una organización sin fines de lucro podrá asistir a una Notaría para elevar a escritura pública su creación. Habrá un catastro único de organizaciones, manejado conjuntamente por los consejos de la Judicatura y de Participación Ciudadana y Control Social.
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