Por unanimidad, de los 100 asambleístas presentes, el Pleno del Parlamento aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites. Con ello, se facilita la vida de los ciudadanos, que podrán ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, pues los trámites serán más sencillos, ágiles, sin duplicidad.
Los trámites solo se pueden crear por Ley, decreto u ordenanza y no solo eso, sino que antes de su aplicación tendrá que informarse o socializarse con la ciudadanía. Además, si se crea un trámite deben suprimirse otros, mientras que los que no se justifiquen en un plazo determinado, deberán suprimirse.
De manera obligatoria, las instituciones del Estado deberán utilizar la información que repose en el Sistema de Registro de Datos Públicos. Se dispone un plazo perentorio para que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) resuelvan solicitudes pendientes sobre proyectos inmobiliarios, así como simplificación de trámites para liquidación y disolución de compañías.
También se obliga a la existencia de una plataforma de pagos por medios electrónicos y se crea un sistema de compensación de deudas entre privados y el Estado. Este sistema se hace extensivo a tributos retenidos o percibidos.
El trámite en línea será en su totalidad, no solo una parte, pero, debido a que no todos están familiarizados con la tecnología, se obliga a las instituciones a publicar los horarios de atención, la identidad de los funcionarios que informarán y asistirán en la gestión del trámites, así como mecanismos que permitan conocer el estado de los mismos. El ciudadano podrá calificar el servicio.
Se regula la forma de presentar información a la Contraloría y la manera de archivarla; los títulos apostillados, legalizados o acreditados serán documentos suficientes para la liquidación de becas; y, se obliga a la informatización de los servicios del Registro Oficial.
Después del segundo debate, la Comisión incluyó alrededor de 15 aportes de los parlamentarios. Entre ellos para que se pueda delegar un trámite; mejorar el sistema de trámites; que las empresas eléctricas entreguen información georeferenciada; que, a través de la Secretaría Nacional de Límites, los gobiernos autónomos homologuen trámites; la declaratoria del el silencio administrativo, entre otros cambios.
LILA
