El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Héctor Yépez, resaltó el trabajo emprendido por el organismo, sobre todo en materia de fiscalización, al escuchar y dar apoyo a diferentes sectores productivos que afrontan diversos problemas, sin descuidar la labor legislativa, en el trámite de proyectos que fueron remitidos por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Legislación
Yépez destacó el contenido del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Capitales, de iniciativa de Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea, por el cual funcionarios, servidores públicos, así como personas naturales y jurídicas que hayan participado de manera directa o indirecta en hechos relacionados con la desviación ilícita, malversación o cualquier otro tipo de administración ilegal de los recursos públicos puedan acogerse al proceso de devolución voluntaria de estos fondos y beneficiarse de ciertas exenciones.
Este proceso sería aplicable en los casos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y otras infracciones relacionadas con la administración pública, tanto para quienes han ejercido la potestad de servidores públicos, como para aquellos que, por su participación, han actuado como testaferros o han sido corresponsables de tales hechos.
Yépez calificó de importante a este proyecto porque la gente, no solo quiere ver a los pillos en la cárcel, como corresponde, de acuerdo con la justicia, sino que se recuperen los dineros que se han llevado por la corrupción y que hoy falta para, por ejemplo, dar créditos a cientos de jóvenes que no han alcanzado un cupo en la universidad o para desarrollar el campo; hoy que el sector agrícola afronta una crisis, o para atender con medicina y servicios oportunos a las personas que requieren tratamiento especializado en los hospitales y centros de salud.
Indicó que la comisión inició un proceso de socialización de este proyecto. En septiembre esperan entregar el informe para primer debate y, en octubre, estaría listo el documento para someterlo a segundo debate en el Pleno.
Así mismo, indicó que luego de cumplido el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Organizaciones Sociales sin fines de Lucro, la mesa estructurará el informe para segunda discusión. Se trata de una normativa orientada a reducir drásticamente toda la tramitología para fundaciones y corporaciones. De esta manera, ya no irían a un Ministerio para constituir una fundación, sino que se creará a través de una Notaría.
Aseguró que estos cambios incentivan que haya más voluntariado, organizaciones barriales de defensa de animales, de protección de medio ambiente, de derechos humanos, para que la sociedad civil contribuya en el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía.
También está pendiente el informe sobre las reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, donde se plantea que, al menos, la cuarta parte de los recursos de las prefecturas vaya a presupuestos participativos para las parroquias rurales, a fin de garantizar que se inviertan en caminos vecinales, riego u obras prioritarias en el área rural.
Fiscalización
Héctor Yépez indicó que, en materia de fiscalización, los comisionados han insistido en que se solucione la crisis, por ejemplo de los arroceros, de quienes se dedican a la siembra del maíz, papas, los productores de leche y palmicultores, entre otros.
Aseguró que la crisis del agro no es solo un problema de la ruralidad, sino a nivel nacional, ya que está enlazado con el empleo, considerando que el agricultor es quien nos alimenta y mantiene la dolarización, ya que gracias a las exportaciones de banano, cacao, camarón, café, ingresan los dólares al país y se sostiene la economía nacional.
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